MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha tomado declaración como investigado este miércoles al gerente de la sociedad municipal de aparcamientos de Málaga (Smassa), Manuel Díaz, en el caso abierto tras la denuncia de la que fuera jefa de la Oficina Técnica de la sociedad, y ha negado irregularidades y presiones en relación con las obras del parking de Pío Baroja.
Así lo ha manifestado José Carlos Aguilera, abogado de Díaz, en declaraciones a los periodistas a la salida del juzgado, apuntando que su cliente, que ha estado a penas 15 minutos declarando, ha contestado a preguntas de la magistrada y de él. Han comparecido también testigos, entre ellos la denunciante, Trinidad Rodríguez, y el edil de Movilidad, José del Río.
El juzgado abrió esta causa a raíz de dicha denuncia, en la que se indica que los hechos consisten “en graves actos hostiles y humillantes que de manera reiterada ha realizado el denunciado hacia la denunciante”, sobre todo en relación con la obra del citado aparcamiento; insistiéndole, al parecer, en que debía ganar una determinada empresa. El PSOE está personado como acusación popular.
El letrado ha considerado que las declaraciones han ido “muy bien, como se esperaba” y ha apuntado que la denunciante “insiste en una versión que no coincide para nada con la realidad y que es fácilmente desdecible en la medida en que la propia documentación que aporta en la denuncia contradice lo que pone ese documento”.
“La obra de Pío Baroja no tiene ni una sola irregularidad que merezca un reproche penal, ni siquiera diría desde el punto de vista administrativo”, ha incidido Aguilera, explicando que “nadie ha variado o intervenido” en las propuestas y el consejo de administración “lo hace bien y hace lo que le plantean la mesa” en este proceso de contratación.
Al respecto, ha señalado que la denunciante “llama irregularidades a que una contrata pida una revisión de precios cuando en 2022 hay un decreto que, por motivos del COVID, la huelga de transportes o encarecimiento de materias primas, determina una fórmula para revisar los precios”, o a que la empresa pida una certificación por acopio, “algo que pasa en todas las obras y está en contrato”.
Asimismo, ha indicado que se habla en la denuncia de que el pliego de condiciones licitó las obras del aparcamiento y la cubrición de una pista en un colegio, pero ha explicado que lo que ocurre es que “el consejo de administración adjudica solo las obras del aparcamiento y se deja por indicación del Área Municipal de Movilidad la contratación de la cubrición de las pistas”.
También ha hecho hincapié en la “coincidencia” de la denunciante y la acusación popular “en cuanto a insistir en algo que se contradice con la documentación del expediente de recibir indicaciones para beneficiar a uno de los licitadores”, ya que, ha asegurado, “el único informe que se emite según el cual se adjudica la obra a dicho licitador es realizado por ella”.
Según ha insistido el abogado, “se aprueba a pie juntillas la proposición que hizo la entonces jefa de la Oficina Técnica –la denunciante–“, considerando que “lo que no se puede venir a decir ahora es que el gerente insistía en que había que adjudicar la obra a una empresa malagueña, cuando es falso y lo acreditan los documentos que hay en el expediente”.
En cuanto a un supuesto acoso, también denunciado por esta empleada, Aguilera ha recordado que la comisión creada al respecto por parte de Smassa “que hace una investigación prolija, declara media empresa y recaba informes de todo tipo y llega a la conclusión de que ni por asomo hay el menor indicio de acoso”.
“Esta denuncia tiene otros fines y responde a otra razón de ser”, ha afirmado el abogado, apuntando, además, que entiende que “haya personas que se resistan de mil formas a perder una determinada posición en una empresa; debe ser que la jefa de la Oficina Técnica debe ser algo muy importante, pero en la reestructuración se le da un puesto de igual rango”.
Asimismo, el letrado ha dicho que le ha llamado la atención que si relata que sufre ese acoso desde 2020 “por qué no denuncia hasta noviembre de 2021 y se le ha preguntado y no ha respondido” y ha asegurado que se va “sin saber cuáles son las líneas rojas que decía que hubiera cruzado si hubiera aceptado indicaciones”.
Para la defensa, no sería necesario practicar más pruebas testificales y ha manifestado que “se estará a la espera de que concluya la auditoría encargada por Smassa sobre el proceso y en función de los resultados la aportaríamos”, apuntando que cree que “va a dar mucho juego” este informe.
DENUNCIA
En la denuncia, la empleada, que este miércoles ha declarado durante más de una hora, señalaba que por razones que desconoce “desde el inicio de la promoción de aparcamientos sitos en la calle Pío Baroja fui presionada”, indicando que supuestamente se le “insistía en la necesidad que la empresa referida debía ganar” la licitación, aunque ella ya había puesto en evidencia que “era la peor propuesta en cuanto a organización” de la obra.
Además, informó de que “la oferta económica recibida de la UTE parecía demasiado reducida” y alude a retrasos en las actuaciones y a supuestos incrementos de precios, apuntando que, “sorprendentemente”, en esa obra la forma de actuar era, al parecer, “al revés”, ya que “a priori se acepta por la dirección, gerente y/o el concejal cualquier modificado, intentando luego buscar una justificación técnica y jurídica a una propuesta de reclamación económica de la UTE”.
La situación generada llevó a la denunciante a activar el protocolo interno en Smassa contra el acoso, tras lo que se le comunicó “la modificación sustancial de las condiciones de trabajo hacia la misma tanto como una forma de represaliarla como de evitar testigos incómodos para el denunciado ante la actitud de la compareciente de no tolerar graves irregularidades”.
Dichas supuestas “irregularidades” podrían implicar, presuntamente, “la comisión de ilícitos penales con graves perjuicios tanto para la Smassa como para la propia denunciante, si hubiera aceptado participar en dichos actos”. Esto fue denunciado públicamente por la perjudicada en un pleno del Ayuntamiento de octubre del pasado año.
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