MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)
Cruz Roja ha analizado más de 1.000 casos de personas migrantes –refugiadas, solicitantes de asilo– para realizar un estudio sobre cómo es la salud mental de las personas que viven este proceso; un informe que revela que la situación que más protege frente a los riesgos y afectaciones derivadas de la migración forzosa es el empleo y la ocupación remunerada (aunque sea de economía sumergida) por aportar protección e independencia económica.
El apoyo familiar en general, ya sea en la distancia desde el país de origen o a su llegada, y la vinculación emocional con la familia es otra de las claves, según el estudio ‘Atravesando fronteras, abriendo puertas, cerrando heridas: un proceso dialógico sobre la migración forzosa y la salud mental y psicosocial de las personas que llegan a España (Andalucía)’.
Junto a lo anterior están los hábitos y estilo de vida saludables, que incluye actividad física, alimentación, higiene de sueño y salud afectiva y sexual como práctica de una relación libre de violencia, sexualidad sana y vivida libremente “que implica también el sentirse querido o querida en el entorno de acogida y el sentimiento de pertenencia a un grupo de manera emocional, lejos del abuso o la trata”.
Así lo han explicado este miércoles en la presentación en Málaga de este informe que “más allá de conocer a qué se enfrentan quienes pasan por este cambio de país forzoso”, la organización humanitaria busca “crear un plan de acción que minimice las consecuencias, sabiendo su fuente”.
Los factores que más protegen la salud mental migratoria se complementan con las prácticas espirituales, la educación y la formación, las habilidades sociales, y el apoyo de la red social, según el informe.
Otros datos desvelados en este trabajo están relacionados con la necesidad de abordar las diferentes vulnerabilidades entrelazadas, desde el enfoque de la interseccionalidad para la integración de la diversidad y minorías racializadas, como sexo, género, etnia, orientación afectiva y sexual, y otros aspectos de identidad.
Así, “a mayor presencia de vulnerabilidad derivada de la migración forzosa, género u orientación afectiva y sexual, mayor afectación clínica y psicosocial y menor presencia de factores de protección”, han señalado.
Asimismo, una de las cuestiones más relevantes, han indicado, es la importancia de empezar a reconocer el talento migratorio: un cambio de identidad e imaginario social asociado a migrantes y refugiados, que ponga en valor su talento y su capacidad de liderazgo basado en los activos.
Por último, la necesidad de disponer de espacios libres de violencia y relaciones seguras como requisito para reparar, crecer y volver a empezar se torna fundamental.
Este trabajo, han incidido, “da un paso más para visibilizar la salud mental y condiciones de las personas migrantes con una mirada menos patologizante, que implique mirar sus activos y sus factores de protección tanto a nivel individual como social”.
Según han indicado, desde que una persona migrante se ve expuesta y huye de su país de manera forzada para cambiar sus condiciones de vida comienza la afectación en su salud mental y la de su familia. No son personas que tengan problemas previos, pero la exposición a diferentes tipos y niveles de violencia “constituyen estresores de suficiente intensidad”; apuntando que puede que el periodo de mayor afectación transcurra entre seis meses o un año antes de la huida.
Durante el viaje, afecta de diferente manera a las personas que viajan en solitario que a las que lo hacen en familia; representando mayor vulnerabilidad el hecho de migrar en familia que migrar solo.
Los problemas que aparecen después no son tanto a nivel personal sino de contexto, como los problemas para comunicarse, los económicos, los laborales “que acaban por afectar a la salud mental, y que también se ligan directamente con la nacionalidad o el sexo”.
Según el informe, hay una primera etapa de mayor afectación que se concentra especialmente en los seis primeros meses desde la llegada, aunque los síntomas más pronunciados desaparecen en los primeros 15 o 20 días al dejar de sentir que su vida peligra.
Después, suele haber un periodo de ‘meseta’ en el que tienen una estabilización sintomática al sentir que ya están en un contexto seguro, pero a continuación, suelen aparecer de nuevo problemas debido a las condiciones en las que desarrollan su nueva vida, en muchas ocasiones, en situación de precariedad, con problemas de comunicación por el idioma, con problemas de vivienda o empleo, o sin la cobertura de todas sus necesidades.
Este proceso, además, afecta en mayor medida a colectivos considerados vulnerables, como pueden ser las minorías racializadas, o las mujeres, los jóvenes o pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, que tienen mayor riesgo y menos factores de protección.
Sin embargo, han indicado que “pese a todo, la migración forzosa no es patologizante: es decir, no implica enfermar para toda la vida sino que con el correspondiente tratamiento y acompañamiento consiguen llegar a tener una vida normalizada”.
Además, se genera “una resiliencia equiparable a la de haber superado cualquier otra situación de extrema intensidad emocional y haber ganado a la adversidad”. Pero, han apuntado, que para ello, es necesario que en todo el proceso hayan tenido acompañamiento psicosocial o psicológico.
Para este estudio se han analizado 1.025 casos y han participado más de 100 personas, entre ellas: migrantes, solicitantes de protección internacional, profesionales, personal técnico y voluntariado que interviene en este campo, con el método IAP, investigación acción participativa. Se ha realizado en Andalucía, pero es extrapolable a cualquier situación de migración forzosa.
Los objetivos del estudio son empoderar a las personas gracias al conocimiento y la co-creación de un sistema que permita también adaptar la intervención de Cruz Roja, sensibilizar a la sociedad, con material basado en las experiencias reales, y actuar teniendo en consideración a la persona como centro de su contexto próximo, sociedad de acogida ya sujeto de las políticas de actuación.
Tras las entrevistas, grupos de discusión y sesiones de trabajo se ha elaborado un plan de acción, co-construido por todos los perfiles intervinientes que incluye y describe propuestas alternativas para mejorar la salud mental y psicosocial de las personas migrantes.
Para ello se señalan pequeñas y grandes acciones del día a día “que cambien los problemas detectados en el estudio, a través de la atención directa, la sensibilización, la formación transcultural, la acción intersectorial y la abogacía de los derechos humanos”.
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