El Consejo aprueba la Agenda Urbana de Andalucía
El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular Horizonte 2030, que establece las políticas autonómicas para impulsar esta nueva forma de producción y consumo sostenible basada en el aprovechamiento integral de los recursos biológicos generados por los sectores agroalimentario, pesquero y forestal para la fabricación de productos de valor añadido, la generación de bioenergía y la prestación de nuevos servicios.
Las medidas recogidas en el documento se dirigen a propiciar un crecimiento económico innovador y sostenible enfocado al desarrollo de las zonas rurales, con tres grandes objetivos: incrementar la disponibilidad de la biomasa aprovechable, aumentar el número de bioindustrias y favorecer el consumo de bioproductos y sus mercados.
La nueva planificación, cofinanciada por fondos europeos, consolidará el liderazgo nacional de la comunidad autónoma en este tipo de procesos, especialmente en biocombustibles y biomasa térmica, que toman como materias primas los restos vegetales y subproductos de la actividad agraria. En el primero de estos ámbitos, la región cuenta con 11 plantas operativas, siete de ellas de biodiésel, mientras que en el segundo la potencia térmica instalada alcanza los 1.589,5 megawatios. A ello se suman 18 plantas de biomasa vinculadas a residuos agrícolas de invernaderos o viñedos y las 17 instalaciones de biogás ubicadas en vertederos y depuradoras de aguas residuales.
Además de la consolidación de estas actividades, la estrategia aprobada por el Consejo se dirigirá preferentemente a aquellas otras que se encuentran menos desarrolladas y requieren mayor apoyo institucional, con la salvedad de las destinadas a la producción primaria de alimentos de consumo humano.
En su conjunto, este sector emergente está integrado por empresas biotecnológicas, agroindustrias, biorrefinerías, plantas de bioenergía e industrias químicas, farmacéuticas y forestales, con una gran incidencia en el desarrollo de las zonas rurales. Entre los mercados de destino, destacan la construcción; la cosmética; la agricultura; la pesca, y la fabricación de papel, madera, muebles y tejidos y plásticos de base biológica, a los que se suman la producción de biocombustibles y bioelectricidad.
En cuanto a las materias primas cuyo aprovechamiento se promoverá, estas proceden fundamentalmente de los subproductos del olivar, la horticultura intensiva, la agroindustria, la pesca, la producción de algas y la ganadería, así como la biomasa forestal, los biorresiduos y los restos de poda. Solamente el sector agrario andaluz genera cada año alrededor de ocho millones de toneladas de biomasa.
Para el desarrollo de la estrategia, la Junta cuenta con la experiencia de participación en diversos proyectos europeos como ICT-Biochain, Reinwaste, Power4Bio y Symbi. Asimismo, la comunidad fue en 2016 y 2017 una de las seis regiones seleccionadas por la Comisión Europea (CE) como referente de este tipo de actividad productiva, que a escala continental ya genera un negocio anual de 2.000 millones de euros y el 9% del empleo total. Solo en el ámbito del aprovechamiento energético, Andalucía cuenta con un potencial total de 3.958 kilotoneladas equivalentes de petróleo anuales (el consumo de más de 800.000 personas en un año).
De acuerdo con datos de la CE, por cada euro invertido en investigación e innovación en bioeconomía se generarán 10 de valor añadido en el horizonte del año 2025. El ahorro de costes de gestión de residuos alimentarios se cifra en 55-90 euros por tonelada, mientras que su adecuado aprovechamiento evita la emisión de 170 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
Proyectos en los invernaderos
Entre otras iniciativas desarrolladas en los últimos años por la Junta, destaca el apoyo a la gestión de restos vegetales en la horticultura para permitir el aprovechamiento de una media anual de 1,4 millones de toneladas. Se respalda así a los agricultores para la adquisición de equipamiento de triturado y autocompostaje en las propias explotaciones; la sustitución de la rafia plástica de los invernaderos por material biodegradable, y la reutilización de los restos para incorporar materia orgánica al suelo. El objetivo es pasar del actual sistema de pocas y grandes instalaciones de tratamiento a otro basado en una red de plantas intermedias y puntos de recogida, con gestión independiente y facilidad para el transporte.
La producción hortícola en invernadero implica el levantamiento de todo el cultivo al final de la campaña, con la consiguiente generación de restos vegetales. Este material se compone básicamente de tallos, hojas, frutos que no se comercializan por razones de mercado y plantas completas que son arrancadas al terminar el ciclo. El 70% se produce durante los meses de mayo y junio, con el fin de la cosecha de primavera, y en febrero al terminar la de otoño-invierno.
La actividad se concentra en Almería, con casi 30.000 hectáreas repartidas entre las comarcas del Campo de Dalías, Níjar, Bajo Andarax y Bajo Almanzora, y Granada, con unas 3.200 hectáreas entre la costa, las Alpujarras y Alhama. En estas dos provincias se sitúan las ocho grandes plantas de tratamiento que funcionan actualmente en Andalucía, todas ellas de gestión privada. Otras zonas destacadas son la Costa Noroeste de Cádiz, con 980 hectáreas; Vélez-Málaga (854), y la Vega y la Campiña sevillanas (471).
Aprobada la Agenda Urbana de Andalucía
El Consejo de Gobierno también ha aprobado la Agenda Urbana de Andalucía, documento que establece las estrategias de apoyo al potencial de las ciudades para responder a los grandes retos sociales y económicos de la próxima década. La comunidad se convierte así en la primera que implanta este instrumento de planificación impulsado por la ONU, incluso antes que el propio Gobierno de España.
El texto recoge también las políticas de la Junta para mejorar consolidar el liderazgo de las ciudades en la modernización de la región y la relación entre los entornos rural y urbano, con cinco grandes bloques: territorial, gobernanza, económico, social y ambiental. Se aplicará hasta 2030 a través de planes de acción que la Junta propondrá cada dos años, y en los que se concretarán las medidas.
La Agenda se ha realizado tomando como base otros instrumentos de planificación similares realizados por la ONU y la Unión Europea, así como encuestas a actores clave, reuniones con expertos, talleres territoriales y conferencias. Asimismo, cuenta con las aportaciones realizadas por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En 2016, tanto la ONU como la Unión Europea aprobaron sus respectivas agendas urbanas, una guías que servirán durante las dos próximas décadas para hacer de las ciudades lugares inclusivos, seguros y sostenibles, así como para definir su papel en el nuevo orden conformado por la globalización.
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