Sánchez Haro advierte de que la disminución pone en peligro el medio rural andaluz y aumenta su brecha de renta con el resto de los sectores
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre el rechazo de la Junta de Andalucía al recorte propuesto por la Comisión Europea (CE) a los fondos de la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027. Sánchez Haro ha cifrado esta reducción en un 16% en términos reales, desglosada en un 12% para fondos Feaga, que financian las ayudas directas y mercados, y más del 26% para los Feader, dedicados al desarrollo rural. A su juicio, estas previsiones “ponen en peligro el medio rural andaluz”.
La propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE) para 2021-2027, presentada por Bruselas el pasado día 2 de mayo, eleva su techo de gasto total hasta los 1,13 billones de euros a precios de 2018 y, sin embargo, disminuye la partida correspondiente a la PAC. Esta política sigue perdiendo peso en el presupuesto de la UE, con una reducción de casi la mitad en los últimos 30 años: del 55% que suponía en 1990 a menos del 30% a partir de 2021. A juicio del titular andaluz de Agricultura, “estas cifras demuestran que para la Comisión Europea, la PAC es una política en regresión”.
Sánchez Haro ha señalado que la merma de estos fondos “tendrá graves repercusiones en los ámbitos social, económico y medioambiental, así como desfavorables efectos en el mantenimiento y desarrollo del tejido rural, por lo que exigimos al Gobierno central que defienda el compromiso de evitar cualquier disminución del presupuesto, tal y como se acordó en conferencia sectorial con las demás comunidades autónomas”. Asimismo, ha recordado que estos efectos se agravan con la también anunciada reducción presupuestaria en las políticas europeas de cohesión, cuantificada en un 10%.
El consejero ha subrayado que la Comisión Europea se contradice y no es coherente, porque “con un menor presupuesto no es posible hacer frente a mayores objetivos, como los planteados, y será imposible cerrar la brecha entre la actividad agraria y el resto de sectores económicos, ya que las ayudas directas son precisamente las que permiten mantener la renta mínima de los agricultores”. “Si disminuye el presupuesto”, ha explicado, “esa diferencia de renta seguirá aumentando y tampoco habrá apoyo presupuestario para que la agricultura lleve a cabo otras de las responsabilidades que le adjudica la Comisión: luchar contra el cambio climático, lograr objetivos ambientales y de desarrollo sostenible, entre otros”.
A la merma en las ayudas directas se suma la del 26% en los fondos de desarrollo rural, una política que Sánchez Haro considera decisiva para favorecer la actividad económica, posibilitar la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria y fijar la población rural. La Comisión disminuye además diez puntos porcentuales su aportación en la cofinanciación de gasto público total, trasladando la carga a los estados y regiones, lo que a juicio del consejero “dificulta la aplicación de esta política en las que tienen menos recursos y profundiza en la idea de una Europa a dos velocidades”.
Sánchez Haro ha criticado también que, a pesar de que la UE ha anunciado recursos adicionales para el I+D agroalimentario (10.000 millones de euros), se reduce la partida para incentivar la adquisición de maquinaria innovadora en el medio rural.
Beneficios de la PAC
El consejero ha insistido en que “la PAC es una política barata que beneficia a toda la sociedad, no sólo a los agricultores. En este sentido, ha recordado que “con apenas el 0,34% del PIB europeo, contribuye a proporcionar alimentos seguros y de calidad a 500 millones de europeos, a mantener paisajes y biodiversidad, a modernizar explotaciones e industrias y a diversificar la economía rural, así como a mantener la población rural, que supone aproximadamente la mitad de la población europea”. Sánchez Haro ha reiterado que es una política fundamental para la supervivencia de un sector, el agroalimentario, que supone el 7% del PIB europeo y emplea a más de 22,7 millones de personas en el campo, 4,5 millones en la industria y tres millones en otros bioproductos no alimentarios e insumos (energía, fertilizantes, agua…).
En el caso de Andalucía, la PAC supone una aportación de más de 1.700 millones de euros al año en fondos europeos: más de 1.400 millones en ayudas directas, casi 100 millones en ayudas a organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y unos 270 millones para desarrollo rural. Para el conjunto del periodo 2014-2020, la cifra total supera los 12.400 millones, de los que se benefician unas 250.000 personas de un sector que supone alrededor del 8% del Producto Interior Bruto andaluz y el 10% del empleo.
Según la Encuesta de la Realidad Social de Andalucía, seis de cada diez andaluces consideran que la agricultura es el principal motor de la economía andaluza y casi el 90% está de acuerdo con que esta actividad siga siendo un sector protegido por la Administración, sobre todo si contribuye a la protección medioambiental.
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