El Gobierno andaluz realiza una contratación de emergencia y pide colaboración al Ejecutivo central ante la persistencia de las llegadas a las costas
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado al Consejo de Gobierno de la contratación realizada por su departamento, con carácter de emergencia, de 300 plazas residenciales para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Huelva. Se mantendrá así la capacidad de respuesta de este servicio de acogida tras la finalización de los contratos de emergencia aprobados en 2017, en tanto se formalizan los ordinarios actualmente en trámite.
La medida, que también garantiza la continuidad de la atención e intervención educativa que se ha realizado, viene motivada por la incesante llegada de estos menores a las costas andaluzas, con un total de 3.292 nuevos ingresos el pasado año y casi 800 en lo que va de 2018, a lo que hay que añadir el repunte que se prevé para el verano. Ello obliga a reforzar los Centros de Acogida Inmediata de las provincias más afectadas, para poder atender las necesidades básicas de alimentación, cuidados y alojamiento. Las contrataciones se realizan con las entidades Engloba, Fundación Samu y Anide, todas ellas con personal especializado en intervenciones con menores extranjeros no acompañados.
Además de la ampliación de plazas, la Junta ha activado un plan especial para acoger a los menores y ha hecho un llamamiento a las autoridades europeas, a través del Gobierno de España, para que se tengan en cuenta las necesidades de Andalucía como región de entrada de la inmigración. Asimismo, ha solicitado de nuevo al Ejecutivo central que se implique en la financiación de la atención a estos menores, tal y como viene haciendo en Ceuta y Melilla.
La Dirección General de Infancia y Familias presta atención a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a la comunidad a través del acogimiento residencial. Los Centros de Acogida Inmediata les garantizan atención urgente, protección y cobertura de necesidades básicas. La red de recursos asistenciales logró responder durante los primeros meses de 2017, pero la llegada masiva de pateras obligó ya a realizar una primera contratación de emergencia de 100 plazas en junio. A ella se sumó en agosto otra de 200. La vigencia de ambas ha concluido en los meses de marzo y abril de este año.
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