BAILÉN (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que la ocupación de viviendas “es un problema que cada vez afecta más y más gravemente” a la sociedad española, al tiempo que ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, de “bloquear” la tramitación de la ley antiocupación impulsada por su partido.
Así lo ha indicado este jueves a los periodistas en Bailén (Jaén) antes de mantener un encuentro con “vecinos de este municipio afectados directamente por el problema de la ocupación”, en alusión a recientes altercados vinculados a intentos de ocupación de viviendas.
“Si en estos momentos en nuestro país no hay una ley antiocupación en vigor, es porque hay una persona que está bloqueando su tramitación parlamentaria y esa persona es la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol”, ha afirmado.
En este sentido, ha detallado que “a inicios de 2024, el Senado de España aprobaba la toma en consideración de una ley impulsada por el PP” con el objetivo de “dar instrumentos jurídicos para desalojar a los ocupas en el plazo de 24 horas”, “incrementar las penas” y dar “instrumentos jurídicos a las comunidades de propietarios para defenderse” de ellos.
Una norma que plantea herramientas “para que, desde las administraciones públicas, se pueda luchar contra la ocupación” y que, “si hoy no está aprobada, es porque Armengol “usa y abusa de sus prerrogativas como presidenta” del Congreso y “bloquea la tramitación” desde febrero del año pasado. Lo hace, a su juicio, utilizando la “trampa” de “aprobar, semana tras semana, una ampliación del plazo de presentación de enmiendas”.
“Prorrogan los plazos para presentar enmiendas, la ponencia que debe estudiar, enmendar y aprobar finalmente la ley nunca se reúne y esa ley está parada en un limbo. Es una irresponsabilidad absoluta, responsabilidad del Partido Socialista y yo hoy quiero explicarles la situación de esta ley a los vecinos de Bailén que han sufrido lo que ha pasado los últimos días aquí”, ha declarado.
El portavoz ha destacado que la ocupación “afecta a la propiedad privada”, pero es también “un problema de convivencia y de seguridad”, punto en el que ha indicado que, “no solo afecta al propietario del piso ocupado, afecta a la gente de la comunidad, del barrio, de la calle…”. Por ello, ha defendido que “todas las administraciones tienen que trabajar de la mano para luchar contra la ocupación”.
DIRECCIÓN CONTRARIA
Frente a ello, ha afeado al Gobierno que “camina en la dirección contraria”. Ha aludido, por ejemplo, al real decreto aprobado en 2020 “con unas medidas que impedían el lanzamiento de las viviendas ocupadas y eso provocó lo que dio en llamarse inquiocupación” ya la Ley de Vivienda de mayo de 2023, que “protege a la ocupa, desprotege al propietario y al final daña la convivencia de la sociedad española”.
Así las cosas, ha exigido a Armengol, “que permita que esta ley se tramite”. “Tenemos los votos para aprobarla”, ha dicho Tellado, para el que, pese a no contar “quizás” con el apoyo del PSOE, Podemos o Sumar, “hay otras fuerzas políticas conscientes de la problemática de la ocupación que están dispuestos a dar su voto para aprobar esta ley”.
En todo caso, ha pedido al Gobierno “que salga a la calle, que escucha a la gente y que entienda que la ocupación es un problema que incide en la seguridad y en la convivencia”. “Los que nos dedicamos a la política tenemos que bajar a la calle, escuchar a la gente y ofrecer soluciones a los problemas reales. Si no, la política no vale para nada”, ha asegurado.
SMI
Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, el portavoz del PP se ha referido a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y su tributación en una situación que ha calificado como “tremendamente lamentable”, con “dos ministras peleándose” y “defendiendo posturas contradictorias”.
“Que se aumente el salario mínimo interprofesional está muy bien, pero ese aumento es de 50 euros al mes y, de esos 50 euros al mes, el Ministerio de Hacienda pretende quedarse 25 euros de cada 50, o sea la mitad”, ha dicho, no sin añadir que es “una burla” porque ese incremento “tiene que ver con la inflación” y pretende que “los trabajadores no pierdan poder adquisitivo”.
Tras apuntar que el SMI lo “pagan las empresas”, lo “cobra el trabajador”, ha preguntado si “estamos de broma” con la intención del Ejecutivo central sobre su tributación, ironizando con que “este es el escudo social y es el gobierno progresista”.
“Es una gran tomadura de pelo. Y la postura de la ministra Yolanda Díaz también porque forma parte del mismo Gobierno, sabía perfectamente lo que habían aprobado y ayer ha montado un poco de paripé”, ha manifestado.
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