JAÉN, 21 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil continúa con el registro en propiedades de un vecino de Villacarrillo (Jaén) en el marco de la investigación por la desaparición en enero de 2021 de un temporero de la aceituna de nacionalidad senegalesa.
La inspección, que comenzó este lunes, está a cargo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y se ha visto ampliada este miércoles con la presencia de miembros de los grupos de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim).
Se centrarán en un pozo ubicado en una vivienda de este hombre –empresario agrícola para el que trabajó el jornalero– y que ha sido objeto también de registro, según han indicado a Europa Press desde la citada unidad del Instituto Armado.
De este modo, sigue la labor de los agentes en Villacarrillo, que empezó en un garaje y en la que se cuenta, igualmente, con perros del servicio cinológico. En este sentido, cabe recordar que las referidas fuentes de la Guardia Civil han apuntado que se trata de una “operación abierta” y se ha decretado el secreto de las actuaciones, de manera que no es posible ofrecer detalles sobre su desarrollo.
El propietario de los inmuebles objeto de registro está investigado y no detenido, según fuentes cercanas al caso. Sí se procedió al arresto de este hombre por la desaparición en diciembre de 2013 de un temporero maliense que trabajaba para él en la recogida de la aceituna.
Se trataba de Tidiany Coulibaly, de 22 años, del que se perdió el rastro después de que él y otros trabajadores inmigrantes de su cuadrilla mantuvieran una discusión con el referido empresario agrícola, al que manifestaron sus quejas por las condiciones de trabajo en la recolección.
Tras ser juzgado en 2016 por, entre otros delitos, explotar a trabajadores inmigrantes y haber hecho desaparecer a uno de ellos que se levantó en portavoz de la cuadrilla, fue absuelto del delito de desaparición forzosa de Tidiany Coulibaly.
La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén, por contra, lo condenó a un año de cárcel y multa de 4.200 euros por un delito contra los trabajadores, que “eran explotados”, y a otro año y medio de prisión por un delito contra la Administración de Justicia junto a otra multa de 6.000 euros. Además, por una falta de defraudación de fluido eléctrico se le condenó al pago de otra multa por valor de 1.200 euros.
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