JAÉN, 3 (EUROPA PRESS)
La provincia de Jaén tienen el índice de rendición de cuentas de las entidades locales “más alto” de Andalucía, ya que lo hace el 61,86 por ciento de los ayuntamientos jiennenses que tienen obligación.
Así se recoge en el último informe sobre la rendición de cuentas del Sector Público Local (referente a 2021), donde también se indica que el promedio de rendición en la comunidad andaluza es de un 48,79 por ciento, el “más bajo” en relación con el resto de las autonomías que disponen de órgano de control externo propio.
Estos son algunos de los datos ofrecidos por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, en el marco de la reunión que el pleno de esta entidad ha mantenido este miércoles en la Diputación jiennense.
Se trata de la segunda reunión fuera de su sede del Parlamento de Andalucía, tras Granada, con el principal objetivo de incentivar el conocimiento de la labor que desarrolla el organismo fiscalizador. De ahí que Cardenete también se ha reunido con el alcalde de Jaén, Agustín González; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes y el rector de la UJA, Nicolás Ruiz.
“La celebración de este pleno en Jaén persigue conseguir la difusión de nuestra actividad y un acercamiento a la labor que desarrolla la Cámara de Cuentas”, ha dicho el presidente, quien ha destacado que su “espíritu es el de colaborar con las instituciones para lograr una gestión de los fondos públicos lo más adecuada y eficiente posible”.
De este modo, la fiscalización, además de señalar los posibles errores de gestión detectados, “incluye una serie de recomendaciones encaminadas a guiar y ofrecer alternativas precisas que ayuden a optimizar la gestión de los recursos”.
Cardenete ha anunciado que en los próximos meses se van a organizar encuentros en las distintas provincias andaluzas con los responsables de las entidades locales que deben facilitar la información necesaria para rendición de cuentas.
En ellos, se debatirán y propondrán fórmulas que faciliten el cumplimiento de esta labor. Hasta la fecha, la Cámara de Cuentas ha finalizado más de 630 informes tanto del sector público autonómico como del local.
Con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevas funciones que han dado forma a un nuevo estilo de fiscalización en el que se integran el análisis de la eficiencia y la economía en la gestión de las políticas públicas con la comprobación de su eficacia, contribuyendo, de esta manera, a la mejora de la gestión pública.
En los encuentros se ha realizado un repaso de las funciones que tiene encomendadas la institución fiscalizadora y del plan de actuación vigente, dando a conocer los proyectos que tiene previsto acometer la Cámara, entre los que destaca la implantación de la inteligencia artificial como elemento de apoyo en las labores de fiscalización.
INFORMES
En los últimos cinco años (2019-2023), la Cámara ha finalizado o está trabajando en 18 informes de fiscalización relacionados con Jaén y su provincia. En ellos se analizan, entre otras materias, diferentes áreas de corporaciones locales, reparos de la intervención, transparencia, gestión tributaria, políticas de violencia de género o personal.
Por lo que se refiere al plan de actuaciones de 2024, los informes que afectan a Jaén –ya sea de manera específica o en conjunto con otras provincias) son el ‘Informe anual sobre la rendición de cuentas del sector público local andaluz. Ejercicio 2022’ y la ‘Fiscalización de la remisión de información en materia de contratos del sector público local andaluz. Ejercicios 2022 y 2023’.
Igualmente, le atañen los informes de ‘Fiscalización de la remisión de información en materia de convenios del sector público local andaluz. Ejercicios 2022 y 2023’; ‘Fiscalización de la remisión de información en materia de control interno del sector público local andaluz. Ejercicios 2022 y 2023’ y ‘Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento Úbeda’.
A ello se suma la ‘Fiscalización del establecimiento de zonas de bajas emisiones en municipios de población superior a 50.000 habitantes’ (en coordinación con el Tribunal de Cuentas) y la ‘Fiscalización de los inventarios generales de bienes y derechos de los municipios con población entre 15.000-20.000 habitantes’.
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