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La Junta muestra un “rechazo total” a las agresiones contra profesionales de la salud y proporciona “recursos para enfrentarlas”

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JAÉN, 31 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Salud y Consumo en Jaén, Elena González, ha expresado su “rechazo absoluto” a las agresiones al personal sanitario y ha destacado que el plan de prevención del SAS “pone a disposición del profesional todas las herramientas para hacer frente a estos episodios”.

Así lo ha indicado tras la reunión que la Comisión frente a agresiones a profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía en el ámbito provincial de Jaén ha celebrado este miércoles, según ha informado el Gobierno andaluz.

El encuentro ha servido para analizar las agresiones que se han venido produciendo en los últimos meses –la última que ha trascendido la sufrió el domingo una enfermera de Urgencias del Hospital San Agustín de Linares– y para proponer actuaciones que permitan evitarlas, así como las medidas preventivas y de protección que se deben potenciar.

En la comisión, que preside la delegada, participan los gerentes de las distintas áreas de gestión sanitaria de la provincia, los responsables de las unidades de prevención de riesgos laborales de los centros sanitarios y los interlocutores policiales sanitarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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González ha lamentado que 2023 “dejaba un aumento de las agresiones” y ha considerado fundamental la labor de esta comisión. “Efectúa un seguimiento del Plan de prevención y atención frente a agresiones del personal sanitario del Sistema Sanitario Público de Andalucía y, por lo tanto, nos mantiene alerta y de manera actualizada, con todos los agentes implicados, con el fin de acabar con este tipo de situaciones”, ha dicho.

Según ha explicado, el plan prevé la puesta en marcha de un protocolo de atención que, “de manera inmediata, pone a disposición del profesional todas las herramientas del sistema” para hacer frente a lo ocurrido.

Al hilo, ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia y así se ha dictado sentencias, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

La delegada ha añadido que el plan cuenta con un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejercerá como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. Esta figura tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.

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La delegada ha hecho hincapié en que citado plan “incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques, como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia”.

Entre las medidas preventivas, figura la instalación de sistemas de seguridad, como cámaras de videovigilancia, timbres avisadores o guardias de seguridad, así como “formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión”. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.


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