JAÉN, 12 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha animado a los ayuntamientos de la provincia a sumarse al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda.
Un documento aprobado el pasado 24 de febrero por el Consejo de Gobierno y del que ha informado este miércoles en rueda de prensa, junto al delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras.
“Establece una serie de medidas en un tema, como la vivienda, prioritario para la Junta, un tema importante para los andaluces que preocupa y ocupa al Gobierno andaluz, hasta el punto de que lo concebimos como una prioridad”, ha afirmado.
Estrella ha explicado que estas medidas urgentes tienen como fin la construcción de 20.000 viviendas en Andalucía en un plazo de cinco años, de manera que se quiere tutelar el derecho a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes. A la vez, se busca fortalecer el sector de la construcción, que representa el 17 por ciento del PIB de la comunidad y que, “en la provincia de Jaén, supone 1.700 empresas y 15.000 empleos”.
Además de recordar el incremento en el número de viviendas protegidas en suelo andaluz, pasando de 3.200 entre 2014 y 2018 a 10.200 en el marco 2019-2024, Estrella ha subrayado la apuesta de la Junta por la vivienda con la “creación de un modelo propio que facilita suelo, incrementa la oferta de vivienda, facilita el acceso a la misma y, todo ello, con una destacada simplificación de procedimientos”.
EJES
“Pero somos conscientes de que queda mucho por hacer, por lo que hemos creado un ecosistema favorable a la construcción de vivienda que pivota sobre cuatro ejes fundamentales, como la ley Lista, “que agiliza el desarrollo urbanístico”, y el Plan Ecovivienda, que solo en la provincia de Jaén ha supuesto más de 30 millones de euros para “rehabilitación de edificios, eficiencia energética y fomento de la vivienda”.
Ha aludido al “marco fiscal atractivo para las políticas de vivienda” como tercer eje de ese ecosistema, en el que se incluyen deducciones del IRPF y bonificaciones en impuestos como el de Transmisiones o el de Actos Jurídicos Documentados, además del Impuesto de Sucesiones. También ha destacado medidas específicas en el presupuesto autonómico de 2025, como deducciones del IRPF de hasta un 15 por ciento en el caso de los alquileres.
“El cuarto eje fundamental implementado por el Gobierno andaluz es la Ley de Vivienda de Andalucía. Se encuentra en fase de tramitación y que busca acabar con la dispersión normativa, que se convertirá en un instrumento al servicio de la emancipación de los jóvenes, además de propiciar más y mejores espacios verdes”, ha dicho.
Precisamente, en esta Ley de Vivienda ha enmarcado el citado decreto ley de medidas urgentes, que “refuerza la alianza con los ayuntamientos”. “Hacemos un llamamiento en la provincia para que se incorporen a este decreto ley con el que les facilitamos instrumentos para que sean punta de lanza para desarrollar y construir viviendas protegidas en sus municipios”, ha subrayado.
MODIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO
Este paquete facilita la modificación normativa del ordenamiento urbanístico con el objetivo de propiciar la construcción de vivienda. Al hilo, el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha precisado que “deben ser los ayuntamientos los que asuman implementar estas medidas”.
“Con ellas establecemos un marco normativo y unos instrumentos jurídicos que permiten agilizar que haya más suelo disponible, más ayudas disponibles para que puedan construirse viviendas en nuestros municipios”, ha manifestado.
En este punto, Contreras ha expuesto las medidas de cambio de uso o de mejora de densidad y edificabilidad a las que pueden acogerse los ayuntamientos, para lo que cuentan con el plazo de un año. Las administraciones locales deben establecer un acuerdo plenario para sumarse a estas medidas que permitirán el cambio de uso de suelo”.
Acogiéndose al decreto ley, el suelo terciario destinado a uso hotelero o a oficina podrá ver modificado su uso para construcción de vivienda protegida, así como el suelo público destinado a equipamiento de uso general, que podrá destinarse a vivienda en alquiler. “Facilitamos a los ayuntamientos que, sin ningún cambio en su planeamiento urbanístico, puedan destinar estos suelos a la construcción de viviendas protegidas”, ha apostillado.
DENSIDAD Y EDIFICABILIDAD
Otra de las medidas incluidas en el decreto ley es el aumento de la densidad y de la edificabilidad, de modo que, en aquellas parcelas en las que está permitida la construcción de vivienda libre, en el caso de que se destinen a vivienda protegida, se va a permitir que se incremente un 20 por ciento el número de viviendas previstas y que se aumente proporcionalmente la edificabilidad de esas viviendas.
El delegado de Fomento también ha detallado que, en el caso de las viviendas que ya estaban reservadas para vivienda protegida, se va a posibilitar que se aumente un 20 por ciento el número de viviendas previstas y un diez por ciento la edificabilidad.
“Con esta medida, pretendemos conseguir un mayor uso del suelo que se traduzca en un abaratamiento de los costes de acceso a la vivienda”, ha explicado. Para acogerse a esta medida, los ayuntamientos y promotores privados tienen un plazo de dos años para solicitar la correspondiente licencia de obras; una vez concedida, tendrán tres años para su ejecución”, ha comentado.
De otro lado, se ha referido al “impulso a la agilización y simplificación de los trámites necesarios para la construcción de viviendas protegidas”. Así, el decreto ley contempla la posibilidad de que las promociones que prevean construir más de 250 viviendas protegidas, así como las de más de 500 viviendas libres, puedan ser incorporadas a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta para agilizar su construcción.
BOLSA DE SUELO
Otro de los objetivos de este paquete de medidas urgentes es el conocimiento del suelo disponible en Andalucía. Para ello, se va a poner en marcha una bolsa de suelo para la cual los ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes tienen un plazo de tres meses para comunicar a la Junta de Andalucía el suelo disponible para la construcción de vivienda protegida.
“A través de esta iniciativa, se facilita que los promotores puedan conocer de forma clara y transparente qué parcelas y qué suelo tiene cada ciudad que pueda destinarse a vivienda protegida”, ha manifestado Contreras.
Igualmente, se va a trabajar en la modificación del registro de demandantes con el objetivo de poder realizar una preselección de demandantes de vivienda, y se amplían los requisitos para acceder a una vivienda protegida, ampliando los límites de renta anteriormente establecidos.
Por otra parte, el decreto ley incluye la puesta en marcha del procedimiento necesario para que promotores privados y públicos puedan acogerse a la financiación del ICO, con un aval de financiación del 50 por ciento de la Junta, así como una nueva convocatoria del Programa de Fomento de Vivienda de Alquiler que proporcionará ayudas a los promotores de hasta 30.000 euros por vivienda construida.
Finalmente, reduce también los coeficientes territoriales existente en los que se establece el precio máximo para la venta de vivienda protegida, pasando de cuatro a dos.
El delegado ha señalado, además, que el decreto ley ha sido consensuado con empresarios y sindicatos del sector, quienes aplauden la puesta en marcha de estas medidas que tienen el objetivo de paliar el déficit de vivienda que existe en los municipios andaluces.
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