JAÉN, 4 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía afronta la redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares para la concesión del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén. Lo impulsa por colaboración público-privada, de modo que sea una empresa la que se encargue de su construcción y gestión posterior durante tres décadas a cambio de un canon anual por parte del Gobierno autonómico que se estima en unos 9,7 millones de euros.
La elaboración del citado documento se inicia una vez que el estudio de viabilidad “no ha recibido ninguna alegación” durante su fase de exposición pública, según han informado a Europa Press desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
“El siguiente paso es la redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares necesario para la concesión del proyecto a una empresa. Es muy complejo porque tiene que incluir todo lo relativo al proyecto y es el que va a regular la relación de la Consejería con la concesionaria y la gestión de la Ciudad de la Justicia durante 30 años”, ha explicado.
Tras señalar que conlleva “mucho trámite de revisión y corrección”, las referidas fuentes han añadido que, “una vez que esté listo es cuando se podrá sacar a licitación el contrato para la concesión”, punto en el que ha recordado que el concesionario será el que se encargue del proyecto y ejecución de la obra y la posterior intendencia.
El estudio de viabilidad de la Ciudad de la Justicia de Jaén, que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 27 de octubre, prevé una edificación inicial con 36.000 metros cuadrados, valorada en unos 80 millones de euros.
Plantea, además, un canon anual de 9,7 millones a la empresa que, vía concesión, se encargue de su construcción y su gestión posterior durante tres décadas, en el que incluye ese coste de obra, su financiación y los servicios para su mantenimiento y conservación.
De este modo, la inversión pública total en este proyecto, sumando también “el valor del suelo y todo el trabajo previo de proyectos, de estudios, de análisis estaría alrededor de los 300 millones de euros”, según detalló entonces el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.
La futura infraestructura, cuyo proyecto básico data de 2015 y ha sido revisado por la Consejería para adaptarlo a las necesidades actuales, se levantará sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento en el Bulevar.
Permitirá unificar las doce sedes en las que actualmente están dispersos los 26 juzgados de la capital y demás servicios judiciales, con una plantilla de alrededor de 400 personas, y contará con espacio suficiente para futuras ampliaciones.
En este sentido, el citado estudio de viabilidad –redactado “por la iniciativa privada, Acciona en colaboración con Vialterra, y analizado por las consejerías de Hacienda y Justicia– recoge una eficabilidad máxima posible de 44.000 metros cuadrados.
FASES
La Consejería de Justicia plantea una construcción en tres fases, de forma que inicialmente se habiliten por completo alrededor de 30.000 metros cuadrados para cubrir las necesidades actuales y posibles ampliaciones a diez años vista. “Hemos optado por un proyecto escalable”, precisó al respecto Nieto.
Así, el resto del suelo quedará preparado para que en el futuro se puedan incrementar los espacios necesarios sin alterar el trabajo en la zona totalmente construida. Con ello, según añadido, se evita pagar los gastos de limpieza y mantenimiento de espacios sin uso durante años.
No obstante, el estudio de viabilidad contempla un cálculo del coste sobre la construcción inicial de 36.000 metros que ronda los 80 millones y tendrá un plazo de ejecución de 30 meses.
La concesión supone que sea la empresa adjudicataria quien asuma esta inversión, además de los gastos de mantenimiento, limpieza, seguridad y demás servicios durante el periodo de la concesión, fijado inicialmente en 30 años. “A cambio percibe un canon anual calculado en este estudio en 9,7 millones”, precisó el consejero.
Todo ello, unido al valor del suelo y los estudios y análisis del proyecto, eleva la inversión total a 300 millones para ese periodo de 30 años. Una vez transcurridos, el edificio será propiedad de la Junta de Andalucía que podrá decidir si mantiene la concesión de la gestión –con un canon que ya no incluya el pago de la obra– o lo gestiona directamente.
El titular de Justicia también aludió a la creación de empleo que conllevará el proyecto, estimada en 250 puestos de trabajo directo durante las obras y 60 empleos estables en los servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad y demás.
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