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El SAS registró 24 agresiones físicas a sus profesionales en la provincia durante 2024

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JAÉN, 6 (EUROPA PRESS)

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) registró durante 2024 un total de 24 agresiones físicas a personal sanitario en la provincia de Jaén. Además, según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), el año pasado se registraron también 120 agresiones no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de la provincia.

Siguiendo lo establecido en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión. No obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo.

Así, del total de agresiones registradas en el conjunto de Andalucía, el 20,3% son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de agresiones físicas.

Por sexos, son las mujeres las más agredidas, con el 72,45% del total; por perfil profesional, casi el 80% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

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Junto a la apuesta por la formación y la capacitación, desde la Junta de Andalucía se ha subrayado “el gran número y la diversidad de medidas de seguridad que se están implementando en los centros sanitarios públicos”.

Actualmente, los centros sanitarios jiennenses cuentan con más de 5.367 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: 319 cámaras de seguridad, más de 322 dispositivos de aviso interfonos y 123 timbres en consultas y más de 245 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que “parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad”.

El plan habilita también canales “ágiles y rápidos” para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los tres años de prisión.

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De hecho, durante 2024, los letrados del SAS han realizado seis asistencias en Jaén, logrando dos sentencias condenatorias en Jaén, ambas tipificadas como delito de atentado.

Para revertir estos datos, el SAS ha puesto a disposición de los profesionales formación específica y de realización obligada en control de situaciones conflictivas y sobre el Plan de prevención de agresiones.

Adicionalmente, en los centros asistenciales se imparten talleres y formación presencial práctica impartida por Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios de instituciones penitenciarias con el objetivo de mejorar las competencias de los profesionales para reconducir situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias.

Desde la Consejería de Salud y Consumo y el SAS se condena cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario. Además, el SAS cuenta con diversos instrumentos de lucha contra las agresiones incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del ‘profesional guía’ que entre otras funciones, acompañan a los profesionales agredidos.

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También se está trabajando en el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de agresiones a las personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que ha finalizado el trámite de información pública, audiencia e informes.

La Consejería de Salud está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario.


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