JAÉN, 24 (EUROPA PRESS)
Un total de 179 docentes han tenido que ser atendidos durante el curso 2021-22 por afrontar experiencias de conflicto en el ámbito escolar, un aumento de 15 casos más respecto al curso anterior, según ha recogido ANPE del informe andaluz de 2021/22 del Defensor del Profesor.
El sindicato independiente ha señalado, a través de un comunicado, que, de esos 179 casos, un 9% corresponden al nivel de Educación Infantil, un 40% a la Educación Primaria, un 41% a la Enseñanza Secundaria, un 2% a los Ciclos Formativos y un 8% a Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.
El presidente de ANPE-Andalucía, Francisco Padilla, acompañado del vicepresidente José Cuadrado y de la coordinadora de El Defensor del Profesor en Andalucía, Charo Siguero, ha comparecido ante los medios, en la sede provincial del sindicato en Jaén, para presentar este informe del Defensor del Profesor que, como cada año y desde su puesta en marcha en 2005, recoge la violencia sufrida por los docentes de la enseñanza pública.
En este sentido, los profesionales han tenido que afrontar experiencias de conflicto en el ámbito escolar, “incompatibles con lo que debe ser la adecuada convivencia en los centros educativos”. “Situaciones inaceptables, que ningún docente tendría que soportar y que no deben ser permitidas por la sociedad”, ha señalado el sindicato.
Tras esto, ha remarcado que se “detecta cada vez más complejidad” en los casos atendidos, en los que confluyen “factores de diversa índole que dificultan su resolución” como son el “estado anímico, burnout o síndrome del profesor quemado, sobrecarga burocrática y lectiva, ratios elevadas, atención a alumnado con necesidades educativas especiales o continuas modificaciones de la legislación de referencia”.
Entre las conclusiones del informe, destaca que el alumnado resalta “las faltas de respeto y falsas acusaciones con un 29%, las actitudes que originan dificultades para dar clase, que suponen un 12% y las agresiones al profesorado, que han aumentado hasta el 10%, respecto al porcentaje del curso anterior que fue de un 8%”.
“Siguen manifestándose casos de ciberacoso como en cursos anteriores, difundiéndose en redes vídeos grabados a docentes, mientras imparten clases de forma presencial o a distancia, sin permiso alguno”, ha señalado.
Por otro lado, con respecto a las familias, “las estadísticas son llamativas en los casos relativos al acoso y falsas acusaciones que sufren los docentes, suponiendo un 26%, mientras que las denuncias ante el equipo directivo o la inspección educativa representan un 12%”.
“Desgraciadamente, y a pesar del esfuerzo realizado para que este tipo de cosas cambien, algunos progenitores cuestionan cualquier actuación o decisión del profesorado, queriendo imponer su criterio personal, hasta llegar al punto de difamar, amenazar o incluso agredir al docente”, ha lamentado el sindicato.
En el ámbito laboral, ANPE ha remarcado los relacionados con “la aplicación de la normativa de funcionamiento y de protocolos de convivencia, que representan un 7% de los casos; las aperturas de expedientes disciplinarios, que suponen el 4% y los problemas generales con la administración educativa, que se elevan al 36%”.
“Este estado de tensión entre los docentes y la administración educativa se ha visto agravado por la publicación tardía y cambiante de los protocolos de actuación Covid, los recortes en personal de apoyo para atender al alumnado, los cambios normativos con el curso ya empezado y la cantidad de carga burocrática. Los docentes se sienten en muchos casos solos, sin apoyo de la administración y con una responsabilidad que excede sus funciones”, ha señalado.
Asimismo, ha indicado que el profesorado, en el ejercicio de sus funciones, “soporta un gran coste emocional del que se resiente tanto física como mentalmente”. “Del total de docentes atendidos, un 72% manifestaba un elevado nivel de estrés y ansiedad y un 12% síntomas depresivos. En consecuencia, un 24% de los profesionales que se han dirigido al servicio han llegado a estar de baja laboral, lo que supone un incremento del 14% respecto al curso anterior”, ha dicho.
“Todo este cúmulo de situaciones redunda negativamente en la calidad del propio sistema educativo. Los datos recopilados ponen de manifiesto que el problema en las aulas sigue siendo una asignatura pendiente que no se resolverá fácilmente sin el apoyo del mundo político, del entorno social y de las familias”, ha asegurado el sindicato.
Entre sus peticiones, ha destacado que es “fundamental” que el conjunto de la sociedad “tome conciencia del problema de conflictividad que sigue manteniéndose en nuestras aulas”. “Toda la comunidad educativa, así como las instituciones, deben aunar y coordinar esfuerzos para erradicar esta lacra que tan negativamente puede determinar el futuro de las nuevas generaciones”, ha manifestado.
Por último, ha reiterado su compromiso de “seguir trabajando en esta línea y dar apoyo a todos los docentes”. “Queremos que quienes atraviesan por este tipo de situaciones no se sientan solos ante el problema y sepan que pueden contar con nosotros para la búsqueda de soluciones. Nuestro objetivo no es otro que hacer llegar a la opinión pública la realidad de los centros educativos, en la búsqueda de la mejora de la consideración social de los docentes, y en la construcción de un marco social en el que la Educación y sus profesionales ocupen el lugar que merecen”, ha concluido.
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