ALMONTE (HUELVA)/MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La organización conservacionista WWF ha celebrado el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno para poner en marcha medidas para el Parque Nacional de Doñana (Huelva) y su entorno, al considerar que es “una buena noticia” que ambas administraciones trabajen de manera conjunta para la conservación de Doñana, pero confía en que las “fincas ilegales” no sean “pagadas con dinero público”.
Así se ha manifestado en declaraciones a Europa Press Felipe Fuentelsaz, de la Oficina para Doñana de WWF, al conocer este lunes el ‘Acuerdo por Doñana’ que han firmado en Almonte el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Con respecto a las ayudas de 100.000 euros por hectárea para los agricultores de la Corona Norte, Fuentelsaz ha subrayado que “no hay desarrollo sostenible sin el cumplimiento de la legalidad” e insiste en que esta es “una cuestión muy importante”.
En este punto, ha señalado que “realmente se han presentado dos planes, uno es el plan que ha presentado el Miteco, con 350 millones de euros, con 14 medidas” que “recoge cosas interesantes”, aunque “hay alguna de las medidas, sobre todo la destinada a la forestación de tierras agrarias, con 116 millones de euros” que “preocupa” a la organización al considerar que “hay cierta incongruencia”, toda vez que ha afirmado que aun no tienen “toda la información para hacer una valoración”.
No obstante, ha adelantado que WWF tiene “cierta inquietud” y no va a apoyar ni a defender que agricultores “ilegales” puedan acceder a estos fondos que el presidente de la Junta ha anunciado que llegarán hasta los 100.000 euros por hectárea.
A su juicio es “una auténtica barbaridad”, considera Fuentelsaz, que recuerda que la administración andaluza también ha presentado un plan que realmente recoge esas medidas que ya tienen comprometidas en otras series de planes”.
Por ello, cree que el acuerdo es “una buena situación de partida” y “una buena noticia”, pero avisa de que “queda que el presidente de la Junta realmente, como ha dicho, retire la ley de modificación del Plan de la Corona Forestal, que está en el Parlamento”, toda vez que ha pedido que se haga “de una manera urgente” y que “realmente ninguna finca ilegal opte a fondos públicos”. “En un principio lo que nos preocupa es lo que esperemos que pase en los próximos días”, observa.
WWF ha señalado que se trata de una ley nacida “a partir de un conflicto social artificial e inexistente”, que “suponía un ataque directo al futuro de Doñana, ya que planteaba la legalización de hasta 1.900 hectáreas de cultivos ilegales que llevan años sobreexplotando los recursos hídricos de los que depende el espacio natural y el futuro de la comarca” y que la misma “había suscitado el rechazo de las organizaciones conservacionistas, de la comunidad científica, de instituciones internacionales como la Comisión Europea o la Unesco, del Gobierno central y de buena parte de la sociedad local y de consumidores de toda Europa”.
Fuentelsaz ha apuntado que entre las medidas “se han recogido aspectos clave para el futuro de Doñana”, sobre todo en cuanto a “la diversificación de las actividades económicas y el trabajo en temas sociales con las viviendas de temporeros”, aspectos “también clave para trabajar los diferentes municipios”, toda vez que ha reiterado la “cautela” que mantiene WWF porque afirma que “prácticamente, un tercio del presupuesto, unos 116 millones de euros, de los 350 millones de euros, va destinada a una medida clara y directa sobre la agricultura”.
En ese sentido, considera que “en este caso deja pie a la posible compra o premio para aquellos agricultores que han hecho las cosas mal en los últimos años, porque al final se le prima de alguna manera el que sus fincas las transformen en terrenos forestales”.
No obstante, ha saludado el “compromiso” de la ministra de Transición Ecológica de “no dar dinero de fondos públicos a quien no cumpla con la legalidad vigente”.
Pero ha apuntado que la aplicación de este plan “debe suponer el inicio de una nueva fase de tolerancia cero con la ilegalidad en la agricultura y el uso del agua en Doñana”, por lo que confía en “que las distintas administraciones implicadas –Junta de Andalucía, Fiscalía y el Miteco–, pongan todos los medios a su disposición para perseguir y cerrar todos los cultivos ilegales de la zona empezando por las fincas que ya se están preparando para una nueva cosecha”.
Por ello, WWF indica que analizará “en detalle” en los próximos días y espera que “contribuya de modo significativo al desarrollo socioeconómico de la comarca, impulsando mejoras y creando alternativas viables que reduzcan la excesiva dependencia de los cultivos de frutos rojos y que redunde en beneficio de los valores ambientales de Doñana”.
EL ACUERDO
Este acuerdo ha sido el fruto de la negociación que arrancó entre ambas administraciones tras la reunión que mantuvieron Moreno y Ribera el 3 de octubre en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y que perseguía poner fin al enfrentamiento abierto entre Gobierno y Junta al hilo de la presentación de una proposición de ley firmada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz sobre regularización de regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva.
El presidente andaluz ha aseverado que dar solución al problema de los cientos de familias de la Corona Norte que se vieron en “un limbo jurídico y vieron amenazado su futuro económico ha sido una prioridad desde el primer momento para el Gobierno andaluz”. A este respecto, ha manifestado que los agricultores de la Corona Norte recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea, que cobrarán en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales y que, a cambio, dejarán de cultivar sus tierras y tendrán que renaturalizar o reforestar los suelos.
Según ha explicado, de esa ayuda de 100.000 euros por hectárea, la mayor parte, 70.000 euros, los aportará el Gobierno de España, mientras que la Junta pondrá los 20.000 euros y la Diputación de Huelva, que se ha sumado a esta solución, complementará con otros 10.000 euros.
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