CARTAYA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)
El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) ha expresado su “profunda preocupación” ante la “propuesta” del Gobierno de España, en el marco de la pasada Conferencia Sectorial del 18 de julio, de repartir a menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas y a sus respectivos municipios.
Según defiende en una nota la concejal de Vox en el municipio, Inmaculada Cabaco, esta medida representa “un gravísimo peligro para la seguridad de nuestros vecinos y una vulneración del interés superior del menor, que debe ser entregado a sus padres en su país de origen”.
Por ello, su grupo ha registrado una moción que se debatirá en el Pleno del próximo martes, en la que denuncia que el número de estos menores inscritos en España “ha aumentado en ocho años un 221%” y son “más de 3.000%” los registrados sólo en Canarias, al tiempo que recuerdan que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, confirmó que 454 menores migrantes llegaron a Andalucía en los últimos meses, y tras la Conferencia Sectorial de Tenerife, aceptando además Andalucía la acogida de otros 30 menores inmigrantes no acompañados procedentes de Ceuta.
La moción planteada por Vox también señala que, a pesar del “silencio mediático”, según la formación, respecto de la nacionalidad de los delincuentes, “van conociéndose cada vez más casos de agresiones, robos e incluso homicidios a cargo de menores extranjeros no acompañados en España”. En este sentido, Cabaco apunta que “la criminalidad en nuestro municipio aumentó un 10,55 % hasta el cuarto trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior, con una cifra total de 1.477 infracciones penales, según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior”.
“Es inconcebible que los mismos políticos que llaman irresponsablemente a la inmigración ilegal masiva se esfuercen luego en ocultar la nacionalidad de los culpables de la devastación que ellos mismos han provocado”, reprocha la edil.
Entre la batería de medidas que recoge la moción de Vox rechazando la “propuesta” de reparto de menores extranjeros no acompañados, figura la de instar al Gobierno de España a acabar con las políticas de “efecto llamada”, así como que todas las administraciones públicas trasladen “el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública”.
Al mismo tiempo, Vox pide “instar al gobierno provincial a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro municipio, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida”.
Iniciar los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón Municipal, con el fin de que los inmigrantes irregulares no puedan empadronarse, es otra de las medidas propuestas, junto a la puesta en marcha de “todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales a Cartaya”.
Por último, el grupo municipal Vox exige regularizar la situación de la zona de la Pontezuela, “porque es un efecto llamada para la inmigración ilegal en nuestro municipio”, así como suprimir toda ayuda y beneficio social por parte del Ayuntamiento de Cartaya a los inmigrantes irregulares que han entrado al municipio vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen.
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