HUELVA, 2 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un sargento del Destacamento del Deprona –equipo especial del Seprona en Doñana– de la Guardia Civil en 2016 a tres años y tres meses de prisión por “haber colaborado” como “un eslabón fundamental” para la introducción de drogas en el país a través de este parque nacional “facilitando los días que deberían realizar el alijo de forma segura” prevaleciéndose de “posición privilegiada. Asimismo, se le inhabilita para la profesión como guardia civil.
Así lo indica la sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido acordada por las partes en el mes de marzo antes de la celebración del juicio. La sentencia indica que, además, tendrá que hacer frente a dos multas de 23.500 euros, otras dos multas de seis meses con cuota diaria de cinco euros.
Todo ello por el delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, otro de cohecho, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y el delito de omisión del deber de perseguir delitos.
En la causa, además del sargento de la Guardia Civil, se encontraban otros 13 acusados a las que se les ha impuesto penas que oscilan desde un año y seis meses hasta los tres años y seis meses de prisión en función de los delitos que se consideran cometidos. Igualmente, a todos se les concede el beneficio de la suspensión de la pena de prisión condicionada a que no delincan por un período de dos años.
Se considera probado que, desde “al menos el año 2016” y hasta su detención en mayo de 2018, el sargento “estaría vinculado a personas relacionadas con el narcotráfico, participando o colaborando activamente en la actividades delictivas desarrolladas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas”, siendo “un eslabón fundamental en la consecución de sus fines delictivos por su condición de agente de la autoridad”.
Igualmente, la sentencia considera probado que desde ese mismo año existieron “citas” mediante teléfonos “de seguridad”; encuentros “en gasolineras, tanatorios” y “contravigilancias” al objeto de “detectar una actuación policial”, además de “reuniones en el interior de vehículos entre el sargento y “determinadas personas que pertenecerían a diversas organizaciones capaces de realizar alijos a gran escala”.
Señala la sentencia que los hechos delictivos consistían en el desembarco del hachís “por la zona de influencia policial del sargento”, “el cual se prevalecía de su posición privilegiada dentro del Parque Nacional de Doñana”, para “introducir la sustancia ilegal en el país, facilitando los días que deberían realizar el alijo de forma segura”.
De este modo, “una vez producido el desembarco del hachís, éste sería transportado por el interior del parque con total impunidad, debido a la información facilita por éste, con el empleo de medios solamente disponibles a los agentes encargados del resguardo del dicho espacio protegido, ya que proporcionaría la apertura de la puerta tanto para la entrada como para la salida segura de los vehículos que transportarían la mercancía ilegal”.
Así, explica la sentencia que los vehículos recorrían los caminos intransitados del parque hasta llegar a un punto seguro (guardería) y que el sargento tenía también la función de “alertar de todos los movimientos de las patrullas de la Guardia Civil en servicio de la Comandancia de Huelva”, ya que “interceptaría ilícitamente el sistema de comunicación por radio” para “informar al resto miembros de la organización de los posibles avistamientos de los cuerpos policiales que podrían impedir el alijo que pretenden realizar, y así frustrar la acción policial preventiva”.
Asimismo, apunta la sentencia que “se proporcionarían a los demás acusados los cuadrantes de las patrullas de servicio de la Guardia Civil a los efectos de asegurar la consecución criminal” y que la participación de este sargento en la operativa delictiva fue “remunerada de manera asidua” por diversos grupos criminales.
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