HUELVA, 13 (EUROPA PRESS)
El sindicato UGT ha exigido, tras la aprobación en el Parlamento andaluz de la toma en consideración de la proposición de ley sobre la regulación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, una solución consensuada entre las distintas administraciones públicas implicadas “debido a la gran complejidad de la situación y su importancia medio ambiental y socioeconómica”.
Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, UGT ha insistido en que “debe hacerse compatibles” la agricultura y la conservación del medioambiente en Doñana, siendo “totalmente imprescindible una intervención más amplia, con una lucha decidida y eficaz para la erradicación de las extracciones ilegales, con infraestructuras que optimicen la utilización del agua, y trasvases en superficie que cubran las necesidades de los regantes y la población afectada”.
Asimismo, el sindicato ha criticado que el objeto de esta proposición de ley es “ampliar las zonas agrícolas regables, recalificando las fincas de unos agricultores que esgrimen reivindicaciones históricas para ello”, toda vez que ha reprochado a la Junta de Andalucía que haya elegido este procedimiento, “en lugar de una tramitación administrativa, para, a priori, eludir los informes científicos y técnicos de las consejerías que avalaran o descartaran el cambio de uso de los suelos a regables”.
“Esta proposición de ley es objeto de gran controversia, al estar posicionados en contra científicos de Doñana; la Comisión Europea, que ya ha avisado con sanciones; y el Gobierno Central, que ha advertido con acudir al Tribunal Constitucional. La polémica surge en recalificar esas fincas a uso de regadío sin saber el origen de esa agua, ya que el acuífero del que se nutren depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y para ello dependen de unas obras hidráulicas, previstas por el Gobierno Central, sin fecha de ejecución”, ha subrayado el sindicato.
Así, UGT ha reafirmado que, “debido a que la transición ecológica es un proceso que se va a dar inevitablemente y de manera ineludible, no se puede seguir actuando en contra de la naturaleza ni del planeta”, pero “hay que hacerlo con justicia social, poniendo en el centro a las personas”, ya que “de no ser así, aumentarán las desigualdades”
25 AÑOS DEL DESASTRE ECOLÓGICO EN DOÑANA
Por otro lado, UGT ha recordado que el próximo 25 de abril se cumplen veinticinco años del vertido de residuos tóxicos a la cuenca del río Guadiamar, que tuvo “consecuencias nefastas” para la fauna y flora del Parque Nacional de Doñana y su entorno. El vertido, que liberó alrededor de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, provocó la muerte de miles de animales y contaminó los acuíferos subterráneos y las aguas de la zona, afectando a la pesca y a la agricultura de la región, poniendo en peligro la salud humana.
“Las consecuencias más importantes fueron la pérdida de biodiversidad, la contaminación de acuíferos y aguas superficiales, daños en la economía local, pérdida de patrimonio cultural y repercusión mediática, ya que Doñana es un espacio protegido a nivel mundial, lugar de paso de las aves migratorias entre Europa y África. Los daños ocasionados hicieron tomar una mayor conciencia sobre los problemas ambientales y la necesidad de proteger los ecosistemas naturales”, han destacado desde el sindicato.
Por otro lado, UGT ha alertado del periodo de sequía prolongado, lo que “se ve agravado con la proliferación y existencia de pozos ilegales en la zona de Doñana, que proliferan y surgen sin permiso ni autorización, con el objetivo de obtener agua subterránea para el riego, lo que conlleva una sobreexplotación de los acuíferos en la zona y un desequilibrio de los ecosistemas”.
“Las consecuencias más inmediatas de la existencia y proliferación de los pozos ilegales en Doñana han sido la alteración de la calidad del agua, ya que los nitratos y productos químicos utilizados en la agricultura pueden filtrarse en los acuíferos; la reducción del caudal de los ríos, lo que repercute en la fauna y flora del parque; destrucción del hábitat natural, ya que excavar pozos ilegales conlleva la eliminación de la vegetación natural; la tala de árboles, degradando la biodiversidad de la zona; e impacto en la economía local, ya que la escasez de agua afecta a los cultivos y a la calidad de los productos”, ha subrayado.
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