HUELVA, 27 (EUROPA PRESS)
Sumar ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre la situación de los asentamientos de Huelva y Almería, después del fallecimiento de una persona migrante el pasado viernes en su chabola de Lucena del Puerto (Huelva), en la que critica “la inacción del Gobierno de la Junta de Andalucía y la ineficacia del Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales puesto en marcha de 2023”.
En el texto de la pregunta registrada, consultada por Europa Press, la formación recuerda que el pasado viernes, 24 de enero, una persona migrante de 40 años falleció en el interior de una chabola incendiada en un asentamiento de la localidad onubense de Lucena del Puerto. Un suceso que ocurre “un mes desde que se produjera el último incendio, en aquella ocasión de grandes dimensiones, en el mismo municipio, donde habitan en condiciones infrahumanas desde hace años temporeros migrantes que trabajan los campos de la provincia de Huelva”.
Asimismo, Sumar subraya que las organizaciones sociales llevan tiempo “denunciando de forma reiterada la situación de abandono de las personas migrantes” tras el incendio de sus chabolas en Huelva e instando a todas las administraciones a “actuar para erradicar la misma”.
Además, la formación hace alusión a un estudio publicado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre la situación de los asentamientos de temporeros migrantes en Huelva y Almería, en el que analiza la situación de 12.000 personas que viven en chabolas y trabajan en los cultivos bajo plástico.
“En este estudio se pone de manifiesto la violación sistemática de derechos humanos en dichos asentamientos, así como la crisis humanitaria ocasionada por la falta de accesos servicios básicos, pésimas condiciones habitacionales y laborales de sus habitantes y discriminación social que sufren las personas migrantes que trabajan en un sector hortofrutícola que genera más de 5.100 millones de euros al año”, continúa el texto.
Además, la formación recoge que en lo que respecta a las condiciones de habitabilidad de las chabolas, en el informe se destaca que “los servicios y duchas se hallan generalmente fuera, a la intemperie, que todos los asentamientos visitados tienen falta de suministro de agua corriente potable, mientras en sus alrededores se acumulan vertederos de residuos sólidos, a la vez que afrontan grandes riesgos de accidentes e incendios con los enganches que se hacen a la red de electricidad para tener luz”.
Por ello, Sumar alerta de que “uno de los problemas más alarmantes de los asentamientos onubenses es la vulnerabilidad de sus habitantes ante los incendios que se suceden en los últimos años, ocasionando numerosas muertes, debido a las condiciones de vida en las chabolas, construidas con materiales inflamables, y la falta de medidas preventivas de seguridad, como el caso del ciudadano ghanés de 40 años que falleció el pasado viernes al intentar calentarse dentro de su propia chabola”.
Por ello, Sumar ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados “ante la inacción del Gobierno de la Junta de Andalucía y la ineficacia del Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales puesto en marcha de 2023, que únicamente ha servido, hasta la fecha, para desplazar de lugar los asentamientos para invisibilizar la vulneración de derechos.
Así, Sumar pide al Gobierno una valoración sobre “la grave situación de los asentamientos de temporeros migrantes en Huelva y Almería, sobre los que las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos vienen denunciando la sistemática vulneración de derechos y la crisis humanitaria que se vive en los mismos”.
Además, pregunta al Ejecutivo si tiene previsto “poner en marcha algún plan específico para intervenir de manera urgente en la erradicación de los asentamientos, las causas estructurales que los originan y garantizar los derechos de las personas que habitan en los mismos.
También, Sumar pregunta al Gobierno central si “prevé intervenir para hacer frente a la crisis humanitaria de estos asentamientos”, toda vez que pide que informe sobre “las medidas está adoptando dentro de sus competencias para facilitar el acceso a los servicios básicos y evitar la explotación laboral”.
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