SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Por Andalucía se ha congratulado este martes del acuerdo de Doñana de Junta de Andalucía y Gobierno por remarcar que “supone el fin, la retirada de la ley de amnistía de los regadíos ilegales” y con ello supone “desandar el camino de pérdida de prestigio del fruto rojo”, convencidos de que este desenlace era esperado, “es algo que iba a pasar”, antes de expresar que “ojalá no haber tenido que pasar por este timo” con el convencimiento de que la Junta de Andalucía “sabía que la ley no iba a ser de aplicación”, en palabras de la portavoz adjunta, Esperanza Gómez.
Gómez, en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, ha situado el acuerdo en las necesidades del Gobierno andaluz, a cuyo presidente, Juanma Moreno, ha retratado como “obligado por las presiones nacionales e internacionales”, convencida de que la Proposición de Ley de Regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, impulsada conjuntamente por PP y Vox, suponía “un engaño a los agricultores de la zona porque no se iba a poder aprobar y si se aprobaba no iba a poder ser de aplicación” por el previsible recurso en el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.
“No era verdad que la protección de Doñana era en contra del desarrollo económico”, ha argumentado Esperanza Gómez, quien ha sostenido que “vivir cerca de Doñana es un lujo y privilegio”, por lo que ha instado a “diversificar” con la premisa de que “no todo puede ser cultivo de regadío intensivo”, a lo que ha sumado que, de la lectura del documento del Ministerio de Transición Ecológica, “cuando se lee el detalle se queda tranquilo porque se ve que están pensando en los próximos 40 años”, apreciación que ha sustentado en iniciativas como “la apuesta real por la transformación de productos agrícolas, la apuesta por la industria de la transformación”, que ha señalado como uno de los déficits de la zona más allá de la propia producción.
La portavoz adjunta del Grupo Por Andalucía ha contrastado el documento de 58 páginas del Ministerio de Transición Ecológica frente a las ocho páginas del informe de la Junta de Andalucía para apuntar que “el detalle del documento estatal da satisfacción y tranquilidad”, por aspectos como “el estudio de la población en paro” y ser por ello “un estudio muy serio”, convencida de que “acabar con la Ley de Regadíos era todo lo contrario a hacerlo con el florecimiento de la zona”.
En el capítulo de recriminaciones hacia la Junta de Andalucía ha señalado, además de la naturaleza de un texto de ocho páginas que “parecen hechas el último día”, el hecho de la inclusión de infraestructuras hidráulicas como las estaciones depuradoras de aguas residuales de El Rompido o La Antilla por considerar que “la cuelan” en el Plan de Doñana cuando “no está en la zona” y ha considerado que se trata de “una falta de seriedad alucinante” por pretender “colar todo lo que pueda” entre “sus 700 millones” de los 1.400 millones de actuación conjunta de Andalucía y del Estado previstos como inversión en Doñana.
Tras considerar que el presidente de la Junta “va tarde, arrastrando los pies” y que “nos toma el pelo”, Esperanza Gómez ha planteado que “estaremos muy vigilantes con una Administración”, en referencia a la Junta de Andalucía, de la que ha apuntado que “ha permitido el incumplimiento del Plan Hidrológico, del Plan de la Fresa, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, antes de demandar sobre los agricultores con explotaciones sin derecho de agua que “los expedientes sancionadores en curso sigan su curso”, por cuanto ha apuntado que “la igualdad que le gusta predicar a la Junta” debe mostrarse para “aquellos agricultores que han hecho bien su trabajo pagando los cánones (de uso del agua)”.
“Creemos en un Estado de Derecho serio donde las leyes tienen que cumplirse”, ha proclamado la portavoz adjunta de Por Andalucía, antes de afear al Gobierno andaluz que “se olvida del derecho vigente, que cree es un agujero negro”.
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