HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Salud y Consumo ha sacado a licitación la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos a usuarios del Servicio Andaluz de Salud de la provincia en centros sanitarios y servicios privados de Huelva, mediante negociado sin publicidad en base a uno de los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público. El presupuesto presentado a Consejo de Gobierno es de más de 13,2 millones de euros (importe de licitación), según recoge la memoria justificativa, consultada por Europa Press.
La documentación señala que uno de los objetivos es la prestación de asistencia sanitaria para la realización de intervenciones quirúrgicas de los procedimientos “más prevalentes” en la lista de espera, conforme a los servicios específicamente contratados, a usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Huelva.
En este sentido, el informe justificativo apunta que, actualmente, el SAS “carece de medios propios suficientes en la provincia para realizar todas las distintas actividades y prestaciones que se derivan de prestación de la asistencia sanitaria médica, debiendo acudir consecuentemente al mercado para satisfacer la necesidad a cubrir, con carácter complementario a la asistencia prestada con medios propios”, y con el fin de “poder cumplir la normativa sobre tiempos de respuesta en la atención sanitaria y atender a las necesidades de internamiento de enfermos de larga estancia”.
La memoria explica que el aumento de la demanda en Andalucía “producido por la recuperación y normalización de la actividad asistencial tras las diferentes olas pandémicas del Covid-19” se ha visto reflejado en “un aumento” de las derivaciones desde Atención Primaria a Atención Hospitalaria, “que ha conllevado una mayor actividad de consultas hospitalarias –17.583 en 2023 respecto al año anterior y 63.016 consultas realizadas más en el 2022 que en 2021– y, por ende, incremento de las indicaciones quirúrgicas en la provincia de Huelva”.
En concreto, subraya que en Huelva se ha producido “un incremento de los pacientes en lista de espera” para intervenciones quirúrgicas, “debido al aumento sostenido de la demanda asistencial” y apunta que “durante los años 2022 (34%) y 2023 (16%) ha crecido la lista de espera en la provincia, lo que hace imposible acortar los plazos de respuesta actuales a pesar de haberse incrementado la actividad quirúrgica con medios propios ordinarios (12%) y se ha mantenido en cifras similares la actividad quirúrgica con medios propios en actividad extraordinaria en 2023 respecto al año anterior”.
A este respecto, manifiesta que por razones de accesibilidad de los pacientes el servicio de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS se prestará, “no solo en los centros homologados de la provincia”, sino que, “debido a la limitada existencia de dichos centros, se amplía la demanda a la provincia de Huelva, donde se encuentran los centros sanitarios regionales de referencia de los pacientes de la provincia onubense”.
En este sentido, en la memoria se recoge que la situación en la provincia, considerada como “un problema de salud”, además “puede llevar aparejadas consecuencias de índole económica debido al ejercicio de la garantía por parte de los pacientes, lo cual puede resultar oneroso para las arcas públicas” y, además, “se produciría un trasvase de pacientes desde la sanidad pública a la privada sin un seguimiento y regulación adecuados como establece el expediente”.
En consecuencia, se señala que “resulta necesaria” la licitación del servicio de prestación de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS en centros sanitarios homologados “teniendo en cuenta, los principios de complementariedad, la optimización de recursos sanitarios propios, las necesidades de atención en cada momento, así como la adecuada coordinación en la utilización de los recursos públicos y privados”.
Así, según han indicado desde la Consejería a Europa Press, este contrato “es uno de los que se van a poner en marcha dentro del Plan de Garantía Sanitaria. En este caso en Huelva”. Asimismo, han señalado que el presupuesto presentado es de 13,2 millones de euros y que el valor estimado es de más de 30,4 millones, teniendo en cuenta que sería “la suma del presupuesto para la vigencia de seis meses, más el importe de una posible prórroga de otros seis meses”, así como “una posible modificación del veinte por ciento y una posible opción eventual de un diez por ciento”.
En rueda de prensa, la consejera, Catalina García, dijo que estos contratos tendrán una duración de seis meses “mientras se resuelve la adjudicación de los Acuerdos Marco”. Y que, “si este procedimiento se alargase”, cabría la posibilidad de “prorrogar otros seis meses estos contratos”.
DECRETO DE GARANTÍAS
La memoria justificativa subraya que el decreto de garantías surge por el reconocimiento por parte de la Administración sanitaria de la existencia de procedimientos quirúrgicos que, “por sus especiales características asistenciales y de necesidad sanitaria, deban disponer de plazos de respuesta asistencial adecuada”.
Debido a ello, apunta que “la determinación de las citadas características asistenciales y de necesidad sanitaria se realiza con base a varios criterios como son los procesos graves que no tengan la consideración de urgencias o emergencias, “pero en los que la demora pueda entrañar riesgo para la vida del paciente”, procesos en los que la demora en la intervención quirúrgica “pueda generar graves discapacidades o alterar de manera importante la capacidad funcional del paciente” y “procesos que producen dolor importante e invalidante”.
Con respecto a la contratación licitada, señala que, en todos los casos, la suscripción de los contratos de prestación de servicios sanitarios “se realizará teniendo en cuenta, los principios de complementariedad, optimización de recursos sanitarios propios, necesidades de atención en cada momento, así como la adecuada coordinación en la utilización de los recursos públicos y privados y obedece sin duda al objetivo del SAS de seguir cumpliendo con los fines institucionales que tiene encomendados, con pleno sometimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental”.
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