HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha mostrado este lunes su respaldo a las asociaciones andaluzas en su condena a la sentencia dictada por la Audiencia provincial de Huelva contra una periodista –a la que, entre otras cosas, se le condena a dos años de prisión– por “revelación de secretos” relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo, lo que supone, a juicio de la FAPE, “un atentado contra la libertad de información”.
Según ha indicado en un comunicado, ante esto, la FAPE analizará las “posibles repercusiones” en el ejercicio de la profesión y recuerda “la necesidad de regular el secreto profesional, tal como se consagra en la Constitución Española, para proteger el derecho para la libertad de información” y destaca que “así estaba contemplado en el proyecto que se encontraba en trámite parlamentario y que decayó por la convocatoria electoral”.
“Situaciones como la citada sentencia de Huelva hacen urgente que el próximo periodo legislativo retome la iniciativa”, ha añadido la FAPE en su comunicado de prensa.
El comunicado emitido por las asociaciones andaluzas y respaldado por la FAPE dice que las mismas manifiestan su “rechazo absoluto” a una sentencia dictada por la Audiencia de Huelva que condena a una periodista por “revelación de secretos” relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo en El Campillo.
A juicio de las asociaciones, esta sentencia “puede generar un peligroso precedente” ya que “atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz, en este caso, verdadera”, según han indicado en un comunicado.
La sentencia establece que la periodista obtuvo información del sumario del caso y la difundió a través de artículos periodísticos. Los jueces consideran que algunos detalles revelados eran “innecesarios e irrelevantes” para el interés público y que afectaban “a la intimidad de la víctima y su familia”.
De este modo, la periodista ha sido condenada a dos años de cárcel basándose el Tribunal en el artículo 197.3 del Código Penal –que refiere que se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas y las utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero–.
“HONDA PREOCUPACIÓN”
Este fallo judicial genera una “honda preocupación” en las asociaciones profesionales, “puesto que deja al libre dictamen de los jueces la relevancia de una información”, que, “siempre y cuando sea veraz, está amparada en el artículo 20 de nuestra Carta Magna”. Igualmente, señalan que esta sentencia “abre la puerta a que se establezca una censura a posteriori en la que se juzgue a los periodistas después de publicar una información”.
Asimismo, abre la posibilidad a que los profesionales se enfrenten a condenas de prisión por revelar información considerada “no relevante por los jueces”, las asociaciones han destacado que “en el caso que nos atañe, ni siquiera existía secreto sumarial sobre la causa y que era una información verdadera”.
“Este fallo judicial, que parece que condena, sobre todo, que la periodista haya tenido acceso a las diligencias del sumario, pone en peligro el derecho a la libertad de información, dado que puede llevar a numerosos profesionales a la autocensura por temor a ser condenados”, han lamentado.
Por ello, las asociaciones de la prensa de Andalucía muestran “su rechazo más absoluto” a esta sentencia, que “sienta un peligroso precedente” y que “pone en riesgo los estándares democráticos que protegen a la profesión periodística en la Constitución” y señalan que “la Justicia tiene el deber de proteger y defender la información veraz, nunca perseguirla o castigarla” ya que “hablamos de un derecho constitucional de los ciudadanos que ejercen a través de los periodistas”.
Asimismo, solicitan a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que estudie “pormenorizadamente” la sentencia y analice las “posibles repercusiones” que pueda tener para el ejercicio de la profesión, así como muestran su “apoyo” a la periodista condenada y se ponen a su disposición “por si desea recurrir la sentencia ante todas las instancias judiciales que procedan”.
Finalmente, han reseñado que se reservan “cuantas acciones de protesta consideren oportunas” para dar a conocer este fallo judicial a la opinión pública, “no solo por los riesgos que supone para el libre ejercicio de la profesión periodística, sino para la salud de una sociedad democrática”.
Los firmantes del comunicado son la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería, Asociación de la Prensa de Cádiz, Asociación de la Prensa Campo de Gibraltar, Asociación de la Prensa de Córdoba, Asociación de Periodistas de Granada, Asociación de la Prensa de Jaén, Asociación de la Prensa de Jerez, Asociación de la Prensa de Huelva, Asociación de la Prensa de Málaga y Asociación de la Prensa de Sevilla.
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