BRUSELAS/SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda ha acompañado este martes en Bruselas a una delegación de la Mesa Social del Agua de Andalucía a una reunión con la Comisión Europea para analizar el peligro de los recursos hídricos andaluces y, en particular del Parque Nacional de Doñana, a partir de la tramitación en el Parlamento andaluz de la Proposición de Ley de PP y Vox para propiciar el reconocimiento de terrenos como suelos agrícolas regables con aguas superficiales que quedaron excluidos en 2014 con la aprobación del Plan Ordenación de los Recursos Naturales de Doñana.
En el encuentro, según ha explicado IU por medio de una nota, que se ha centrado en gran parte en la situación de Doñana y la autorización de explotación de los pozos ilegales que propone el Gobierno andaluz, ha quedado patente la preocupación del Ejecutivo comunitario.
“Hemos visto muy receptiva a la Comisión y creemos que van a trabajar en el sentido correcto”, ha indicado Pineda, sin ocultar que “las limitaciones que hay” están motivadas por “un problema voluntad política”.
“El señor Moreno Bonilla no trabaja para la mayoría andaluza, no trabaja para los pequeños campesinos y pequeños agricultores, no trabaja pensando en las siguientes generaciones, sino en el corto plazo, tratando de favorecer a los grandes terratenientes y los fondos de inversión, poniendo en riesgo el medioambiente andaluz y convirtiendo el suelo andaluz en un solar”, ha denunciado.
La nueva Proposición de Ley que han pactado PP y Vox y recupera una iniciativa que presentaron la pasada legislatura, en enero de 2022, ha recibido la misma reacción negativa que la primera por parte de la Comisión Europea, que ha enviado una carta al Gobierno para advertir de que la aprobación del texto supondría una violación flagrante del derecho comunitario.
Esta amenaza se suma a la condena a España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021 por no estar cuidando los acuíferos de Doñana.
Junto a Pineda se han desplazado a Bruselas el vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura Agua, Joan Corominas; de COAG, Noelia Márquez; , de CCOO, Emilio Fernández; y de Greenpeace, Luis Berraquero.
Corominas, ha hecho una lectura “muy positiva” del encuentro, en el que ha trasladado los “problemas” que ponen las instituciones andaluzas a la participación efectiva de los sectores sociales en la gestión de los recursos hídricos.
“Creo se ha entendido que la participación de los sectores sociales es básica para avanzar en las políticas del agua, en una buena gestión que defienda el medioambiente y que defienda también los valores sociales que están ligados al uso del agua”, ha explicado.
Por su parte, Márquez ha destacado la preocupación de la Mesa ante la “huida hacia adelante” de Moreno Bonilla.
“Veníamos a proponer un cambio de rumbo que atienda a criterios sociales, que atienda a un regadío social que es el que fija población al territorio y que defienda un modelo de explotación profesional y familiar, y creemos que podemos trabajar en esa línea con la Comisión Europea”.
Fernández ha recalcado que “el problema que tiene Andalucía con el agua, no se debe solamente a la sequía y la escasez, sino a un déficit hídrico” que, ha vaticinado, “se va a agudizar en el futuro por el calentamiento global”.
La solución, ha continuado explicando el representante de CCOO, “requiere una planificación hídrica completamente diferente a la que se ha mantenido ahora tanto por parte de la Administración del Estado, como de la Junta de Andalucía”.
“Básicamente, hemos planteado -a la Comisión Europea- que la demanda se adapte a la oferta y no la oferta a la demanda”.
Berraquero ha acusado a la Junta de “estar prometiendo un agua que no existe” con su proposición de Ley “para la amnistía de regadíos ilegales” y ha puesto encima de la mesa la necesidad de “introducir un criterio de reparto social del agua” en Andalucía.
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