HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)
Greenpeace ha señalado este martes que rechaza “categóricamente” la proposición de ley sobre los regadíos de la Corona Norte de Doñana (Huelva), que se debatirá este miércoles en el Parlamento andaluz, al considerar que “indulta décadas de robo sistemático de agua en el Parque Nacional” y “alienta nuevos saqueos”.
Según ha indicado la ONG en una nota de prensa, en un contexto de “sequía galopante”, esta norma es “especialmente grave” porque “amenaza la supervivencia de Doñana, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa”, y “castiga a los regantes que sí han estado cumpliendo la ley”.
De este modo, la organización ecologista entiende que esta proposición se trata de un “insulto a la evidencia científica” y que abre las puertas a “sanciones millonarias desde Bruselas e ignora la necesidad de repensar el modelo agroalimentario para ajustar la demanda a la disponibilidad real de agua y a los caudales ecológicos”.
En este sentido, la directora de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha afirmado que esta nueva ley de regadíos es “un atropello legislativo que pone en peligro la supervivencia de uno de los espacios naturales más valiosos del mundo”, por lo que ha exigido al Gobierno andaluz que “frene este despropósito, que solo es concebible como un reclamo electoralista y cortoplacista”,además de que “este rumbo macabro para Doñana evidencia que el modelo agroalimentario y turístico está herido de muerte”.
Al respecto, Saldaña ha comentado que la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva) “no es más que la confirmación de que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ahora y antes, han sido incapaces de cumplir y hacer cumplir las leyes que blindan el Parque Nacional de Doñana”.
“Es un paso más hacia el desastre final. Legalizar el robo del agua no va a hacer que los pozos se llenen por arte de magia, solo va a alentar la idea de que robar agua, un bien tan escaso, sale gratis, lo que no provoca más que un perverso efecto llamada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no lo quiere decir en voz alta, como la mayoría de políticos, pero es muy sencillo: no hay agua para tanto regadío”, ha señalado, por su parte, el responsable de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.
Asimismo, desde Berraquero ha advertido del “impacto devastador” de los pozos ilegales en el acuífero 27 de Doñana, que “están causando una disminución drástica de la calidad del humedal por el hundimiento del nivel freático, hasta el punto de que ya se han secado numerosas lagunas y el 60% de las estudiadas por la estación Biológica de Doñana no se han inundado desde 2013”.
“La sobreexplotación del agua subterránea para el regadío intensivo está agotando y contaminando los recursos hídricos y poniendo en peligro el ecosistema único de Doñana, que es vital para la vida silvestre entre Europa y África”, ha subrayado.
Por otro lado, el responsable de Greenpeace en Andalucía ha destacado que esta norma supone, además, “un riesgo serio” de nuevas sanciones desde la Unión Europea, ya que España “ya fue condenado por sentencia de 24 de junio de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-599/19 Doñana) por incumplir las obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), y de la Directiva Hábitat (92/43/CEE )”.
“Es un negocio redondo para los ladrones del agua y sus cómplices en el Gobierno andaluz: ellos violan la ley, aniquilan el bien común, se lucran saqueando el agua de todos y, al final, la multa histórica se la pagaremos a escote”, ha reiterado Berraquero.
“FIN DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y HUMANOS”
Por todo ello, Greenpeace, a corto plazo, reclama con “urgencia” la reducción “drástica e inmediata” de la cantidad total de agua que se extrae del acuífero de Doñana; la protección y compensación de las personas regantes que sí han estado cumpliendo la ley; el abandono de “ensoñaciones hidráulicas faraónicas, porque el hormigón no hace que llueva)”; y la puesta en marcha de un diseño de transición hídrica “justa”, que se adapte a la ganadería, cultivos y uso general del agua de España en “una nueva realidad ya evidente”.
Por otro lado, a medio plazo, Greenpeace señala que la transición hídrica “justa” y la transición agroecológica son “alternativas seguras, viables y rentables para la agricultura en particular y para el sistema alimentario y la biodiversidad en general”.
“Necesitamos modelos que no nos lleven hacia la autodestrucción. Debemos repensar nuestros modelos de producción; es posible hacerlo sin laminar los recursos naturales que nos mantienen con vida y sin explotar a las personas, como ha estado ocurriendo con miles de jornaleras abusadas y explotadas en régimen de semiesclavitud por este mismo modelo que depreda la vida en todas sus formas”, ha recalcado Berraquero.
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