HUELVA, 30 (EUROPA PRESS)
Las actuaciones que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha llevado a cabo en la provincia de Huelva, correspondiente al sector agrícola en el año 2024, han supuesto “un 20,72% de la totalidad de actuaciones en todos los sectores en dicho territorio”; es decir, “la quinta parte de las actuaciones inspectoras en la provincia se practica en el sector agrícola”.
Así lo ha puesto de manifiesto el Gobierno en una respuesta a una iniciativa presentada por Sumar en el Congreso de los Diputados, en la que pregunta sobre la “situación de los asentamientos de temporeros de Huelva y Almería, qué medidas se contemplan para su erradicación, así como las condiciones laborales de las personas que viven en estas infraviviendas”, entre otras cuestiones.
Esta serie de preguntas fueron presentadas por la formación tras el incendio en una chabola de un asentamiento de Lucena del Puerto el pasado 24 de enero en la que falleció un ciudadano ghanés, por lo que Sumar en el texto alertaba de que “uno de los problemas más alarmantes es la vulnerabilidad de sus habitantes ante los incendios que se suceden en los últimos años”.
En este sentido, el Gobierno ha explicado que las Unidades territoriales de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva realizan “habitualmente” inspecciones en el marco de las funciones atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “en su labor de mantenimiento y prevención de la seguridad ciudadana”.
“Dichas inspecciones se adecúan y orientan en todo momento en torno a la casuística delictiva de cada zona y buscan aquellos efectos que pudiesen constituirse como elementos de peligro en cada caso, retirándolos de la circulación, como ocurre con la localización de armas blancas en zonas de ocio o, en el caso que nos ocupa, la detección de aceleradores o elementos incendiarios próximos a las zonas de asentamientos, entre otros”, han asegurado desde el Ejecutivo.
Asimismo, el texto de la respuesta continúa asegurando que en la citada Comandancia, “en los casos en los que existen incendios con una pluralidad de chabolas calcinadas, o bien en los que existen heridos graves o fallecidos, la investigación de la posible autoría en su vertiente penal la realizan Unidades de la Policía Judicial”.
Así, esta “especialización”, según han detallado, “permite profundizar aún más en las investigaciones, dada la gravedad de las circunstancias”, apoyándose “en todo momento, en caso de ser necesario, en los informes técnicos que puedan realizar tanto el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) como otras instituciones o administraciones especializadas y con competencias para la investigación de estos”.
Por otro lado, en cuanto a las condiciones laborales de los temporeros, el Gobierno aduce que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es “un servicio público al que le corresponde ejercer la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y del contenido de los acuerdos y convenios colectivos, tanto en el sistema de relaciones laborales, empleo, prevención de riesgos laborales, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, como en el sistema de Seguridad Social, desarrollando una importante labor permanente de control para luchar contra la precariedad laboral, garantizar un trabajo digno y la preservación de los derechos de los trabajadores”.
Por ello, destacan la “importancia” que para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tienen “las condiciones de vida dignas de los trabajadores del campo”, lo cual se pone de manifiesto con la inclusión, en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que “se ejerce entre otros, en las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares de trabajo en que se ejecute la prestación laboral”.
Aunque, continúa el texto, “se podrá ejercer también en locales, viviendas, u otros lugares habilitados, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que se ejecute la prestación laboral, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores por razón de su trabajo durante los períodos de descanso”, y “hayan sido puestos a disposición de los mismos por el empresario, en cumplimiento de una obligación prevista en una norma legal, convenio colectivo o contrato de trabajo”.
De este modo, desde el Gobierno garantizan que se realizan “regularmente” actuaciones de control en el ámbito del sector agrario a nivel nacional, autonómico y provincial. “La producción agrícola es una actividad productiva esencial, donde se tiene presente que varias de las fases de la misma, se realizan en gran medida mediante la contratación de trabajadores temporeros, situación en la que hay que extremar las medidas preventivas”, han abundado.
Al respecto, el Gobierno indica que anualmente se vienen planificando desde el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuaciones en este sector de actividad, en las que “adquieren especial relevancia” tanto las campañas de control de la economía irregular, como las de condiciones de trabajo en el sector agrario, y que “se centran de una forma especial en las actividades agrícolas de temporada (vendimia, recolección de fruta y otros productos hortofrutícolas), así como en la actividad de aprovechamiento forestal”.
Además, en esta campaña las inspecciones que se programan “prestan una especial atención a las condiciones de alojamiento e instalaciones de bienestar que deban facilitarse a los trabajadores temporeros (trabajos de recolección), debiendo tenerse en cuenta especialmente la perspectiva de género en dichas actuaciones”.
“Muestra de la relevancia de lo anteriormente expuesto, muy particularmente en la provincia de Huelva, es que las actuaciones que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha llevado a cabo en la citada provincia, correspondiente al sector agrícola en el año 2024, han supuesto un 20,72% de la totalidad de actuaciones en todos los sectores en dicho territorio; es decir, la quinta parte de las actuaciones inspectoras en la provincia”, han señalado desde el ejecutivo.
SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS
En cuanto a la situación de los asentamientos, el Gobierno, en esta respuesta, subraya que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 considera “esencial” abordar “las necesidades de todas las personas en situación de pobreza y/o exclusión que residan en nuestro país, así como garantizar sus derechos”.
Asimismo, el Gobierno destaca la propuesta recogida en la ‘Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030’ en la que se incluye “garantizar recursos objetivo estratégico” y “garantizar y facilitar el acceso a una vivienda adecuada y asequible para todas las personas”.
Por ello, se ha elaborado un “Plan para la erradicación de los asentamientos chabolistas, en línea con los objetivos de la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030 y del Plan Estatal de Vivienda, y las zonas degradadas y de infravivienda”, en la que se incluyen “planes de realojo temporal y de retorno y con medidas sociales especialmente orientadas a grupos con dificultades de acceso a una vivienda”.
“No obstante, es importante señalar que las competencias directas en materia de vivienda son autonómicas y son exclusivas de las comunidades autónomas en materia de Servicios Sociales, por lo que las actuaciones directas y de intervención con la población afectada en esta materia corresponde a las autoridades autonómicas, competentes para implementar políticas y medidas adecuadas”, han apuntado.
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