HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha anunciado que llevarán al próximo Pleno una propuesta “en contra de la rebaja de penas para los independentistas catalanes”, y “de rebote, evitar la entrada en prisión de los condenados por los ERE, al modificar el delito de malversación”.
En una nota de prensa, el portavoz popular argumenta que “los onubenses deben conocer si el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), está a favor de estos cambios legislativos que sólo benefician a los independentistas y a los condenados por corrupción en el mayor caso de fraude en la historia de la democracia española, como fue el caso ERE de Andalucía”.
Para Pérez, esta reforma es un “disparate jurídico”, ya que es el resultado de un “pacto del gobierno socialista de Sánchez con losindependentistas catalanes que incumplieron la Constitución y el Estatuto deCataluña”. Asimismo, desde las filas populares se lamenta que tras la reforma del delito de sedición “se abra la puerta a la modificar la pena de malversación para que los condenados socialistas por corrupción en el caso de los ERE no ingresen en prisión y cumplan sus condenas”.
En la propuesta que se someterá al Pleno, se solicita la “retirada inmediata” de dicha iniciativa parlamentaria, así como el “cumplimiento íntegro de la Constitución”. Los populares destacan en la moción que “lo que está en juego es la defensa del Estado frente a aquellos que quieren cambiar el orden constitucional a través de leyes de lectura única para cargarse la convivencia pacífica en España”.
Los populares ha recordado que, ya en enero de 2020, tambien presentaron en el Pleno otra moción “con motivo de los acuerdos presupuestarios entre elGobierno y los partidos PNV, ERC y BILDU”. En aquella ocasión, Cruz votó en contra de la propuesta “en la que se apostaba por la unidad indisoluble de España”.
Por último, el portavoz del PP ha resaltado que los onubenses “tienen que saber que votar a Cruz es votar a Sánchez, y que ambos están de acuerdo con estas reformas penales que ponen en peligro la unidad de España y la Constitución que fue fruto del acuerdo entre españoles”. Además, “este disparate jurídico pretende realizarse en vísperas de la celebración de la fecha de la aprobación de la Constitución Española, 6 de diciembre”.
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