SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha conocido este martes los avances en el protocolo para la erradicación de los asentamientos irregulares de migrantes temporeros en la provincia de Huelva en una reunión con de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge. Este protocolo se firmó en julio entre la secretaría dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los primeros municipios acogidos al mismo, Lepe y Moguer.
Maeztu ha agradecido la visita de la secretaria de Estado, quien le ha presentado la primera concreción de este protocolo, un real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros por el que se regulará la concesión de subvenciones a estos municipios y ha transmitido su “preocupación” por “la situación en la que se encuentran miles de personas migrantes, un drama humano que necesita de la actuación coordinada de las administraciones. Colectivos sociales y humanitarios reclaman una solución urgente desde hace años”.
En una nota de prensa, el Defensor ha señalado que ha realizado un seguimiento “permanente” de estas situaciones in situ, cuyas conclusiones ha trasladado a los representantes gubernamentales.
“Esta solución de los asentamientos solo tiene una solución final que es su total erradicación; y todo lo que se trabaje debe ir en esa línea para hacer desaparecer una lacra que viene de mucho tiempo atrás”, ha reseñado Maeztu.
Para este comisionado parlamentario, resulta “necesario” seguir trabajando en medidas como “la regularización temporal de la mano de obra deficitaria en campaña y las alternativas habitacionales”, con el fin de “conseguir la igualdad de condiciones laborales y sociales”, lo que en su opinión “evitaría discursos de odio y xenofobia sobre los supuestos beneficios a esta población”.
En la reunión mantenida esta tarde, la secretaria de Estado ha agradecido la implicación del Defensor del Pueblo andaluz “en la defensa de la mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas por esta situación de vulnerabilidad”, y ha puesto en valor las subvenciones por un importe total de 2,6 millones euros que recibirán los Ayuntamientos de Lepe y Moguer para ofrecer soluciones habitacionales dignas a quienes actualmente residen en asentamientos irregulares.
Esa línea de ayudas permitirá facilitar la integración residencial y sociolaboral de 220 personas en una primera fase del programa, mediante la promoción de soluciones residenciales transitorias, que irá seguida de intervenciones que les permitan acceder a viviendas en los núcleos urbanos y acompañada por itinerarios de integración.
Verstrynge ha señalado que esta actuación de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 “deberá verse complementada con inversiones y actuaciones” tanto de la Junta de Andalucía, “competente en materia de vivienda y servicios sociales” como de las entidades locales beneficiarias de las subvenciones –que participarán en las labores de acompañamiento e integración a través de los servicios sociales municipales–.
En ese sentido, ha expresado su confianza en que la labor del Defensor del Pueblo andaluz “contribuirá a reforzar el despliegue coordinado de las actuaciones por parte de todas las administraciones concernidas” –la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer–, que ya el pasado julio suscribieron el citado protocolo de colaboración.
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