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CSIF lamenta las amenazas a los trabajadores del SAE en Isla Cristina, las cuales fueron tan graves que necesitaron escolta policial este jueves

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ISLA CRISTINA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El sindicado CSIF Huelva ha lamentado este viernes que el personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Isla Cristina “se vio obligado a abandonar sus puestos de trabajo” este jueves “bajo la escolta de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado” debido a “las amenazas de los usuarios”, según ha informado en una nota de prensa.

El responsable del sector, Emilio Gallango, ha relatado que la jornada de este pasado jueves la oficina de Isla Cristina “fue testigo de una situación inaceptable” en la que trabajadores “se vieron forzados a abandonar su lugar de trabajo bajo la escolta de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado”. “Esta medida fue necesaria debido a la falta de vigilancia y la presión inadmisible ejercida por los usuarios en la oficina de empleo”, ha criticado.

“CSIF condena de manera enérgica cualquier forma de intimidación o coacción dirigida hacia los empleados públicos y lamenta profundamente este incidente”, ha subrayado Gallango.

El líder sindical ha señalado que esta situación “no puede considerarse un incidente aislado” y que es “el resultado directo de una política de recortes en materia de seguridad llevada a cabo por la Junta de Andalucía en el Servicio Andaluz de Empleo”, así como ha manifestado que “a diferencia de otros servicios públicos, se ha negado la posibilidad de teletrabajo a estos empleados públicos”, lo que “agrava aún más la situación”.

Gallango ha destacado que “la integridad física de los empleados públicos está en peligro, y esta problemática pone en jaque el funcionamiento normal de un servicio público” que el sindicado considera “esencial” para la comunidad andaluza.

Por ello, CSIF ha hecho “un llamado urgente” a la Junta de Andalucía para que “tome sin demora todas las medidas necesarias a nivel provincial” con el objetivo de “salvaguardar la integridad física de los empleados públicos”.

“Además, instamos a garantizar el derecho de estos profesionales a desempeñar sus funciones sin correr riesgos para su integridad física y una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades competentes para abordar este problema de seguridad y garantizar que nuestros trabajadores puedan desempeñar sus labores en un entorno seguro y libre de amenazas”, ha concluido Gallango.


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