HUELVA, 16 (EUROPA PRESS)
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha dicho este miércoles, tras conocerse que el fiscal general del Estado “acaba de ser imputado” por el Tribunal Supremo (TS), que “cuanto antes se marche menos daño le hará a la institución”.
Así lo ha manifestado en Huelva después de que el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por el presunto delito de revelación de secretos del que les acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Al respecto, España ha dicho que “los españoles acabarán por echar a un Gobierno acorralado por la corrupción”, toda vez que ha remarcado que se trata de una situación “histórica” pues “el Supremo ha venido a decir lo que todo el mundo ya sabía, que este señor no era el fiscal general del Estado sino que era el fiscal de Pedro Sánchez”.
“Todos recordamos aquella frase del presidente del Gobierno cuando dijo que de quién dependía la fiscalía, pues del gobierno. Por lo tanto, lamentamos esta situación pero estamos viendo cómo al final todos los peones que rodean al presidente van cayendo uno detrás de otro y vemos a un Gobierno atrincherado precisamente porque está traspasando todas las líneas rojas”, ha concluido.
Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público. El novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa a las 10,20 horas del pasado 14 de febrero en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso, Julián Salto, por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
En la misma línea, el Supremo fija como hechos delictivos la difusión de la nota informativa, una “publicación que no se hubiera producido sin la autorización y orden expresa del fiscal general del Estado”, lo que determina la competencia de la Sala Segunda del alto tribunal.
La Sala de lo Penal también ha acordado investigar a Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz datos para la elaboración de la citada nota, porque, aunque no tiene la condición de aforada, los magistrados entienden que ambos comportamientos –el del fiscal general y el de ella– guardan una “conexión inescindible” que impide la incoación de causas separadas.
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