GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)
La exdirectora del Patronato de la Alhambra y el Generalife María del Mar Villafranca ha declarado este lunes que no participó en la contratación del servicio de audioguías del monumento que está siendo objeto de juicio en la Audiencia de Granada, que no pretendió “en absoluto” beneficiar a la empresa que prestaba este servicio ni tuvo sospecha de gestiones contrarias a la legalidad, pues de hecho siempre actuó “guiada por el interés público”.
Villafranca, que renunció al cargo en 2015 a raíz de esta causa, ha sido la primera de los cuatro acusados en declarar en el juicio por el llamado ‘caso audioguías’ contra la excúpula del monumento, en el que se han investigado supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de audioguías en el monumento nazarí y por el que ella se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Antes del inicio del juicio la acusación popular ejercida por el PP, que había pedido cárcel para tres de los acusados, ha formalizado su retirada del procedimiento por entender que en la causa ya se encargan de acusar la Fiscalía, el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía como parte perjudicada.
La que fuera directora de la Alhambra ha incidido en que durante su etapa de gestión “nunca” intervino en ninguna mesa de contratación ni en la redacción de pliegos de ningún expediente, tampoco en el del servicio de audioguías, pues sus cometidos no eran esos, sino “de planificación, de procesos estratégicos (…) y la parte estrictamente administrativa” estaba en manos de funcionarios y personal que ya operaban en el monumento antes de que ella llegara.
Ha reconocido así que “asumía” lo que le presentaba la mesa de contratación bajo la “confianza” que tenía en estos profesionales. El contrato para el servicio de audioguías de la Alhambra se firmó en octubre en 2007 con la empresa Stendhal Museum Solutions –cuyo administrador único también está acusado– pero Villafranca ha declarado que no fue hasta finales de 2010 cuando tuvo conocimiento de los impagos de la empresa al monumento respecto al canon fijado en los pliegos, que alcanzaban una deuda de unos 600.000 euros.
Según ha relatado, se percató de la situación de este contrato, que arrastraba impagos prácticamente desde el inicio, al preparar la documentación para el Pleno del Patronato de la Alhambra, órgano de gobierno del monumento integrado por las distintas instituciones y al que se dio traslado de esta circunstancia.
Según su testimonio, el pleno decidió que se intentara cobrar el 50 por ciento de la deuda y que se prorrogara el contrato a la empresa como una “garantía” para seguir cobrando el resto del dinero conforme a un plan de pagos. Todo ello, según ha expuesto, bajo la perspectiva de que si no cumplía siempre estaba la posibilidad de acudir a la vía de apremio y rescindir el contrato.
“Yo me debía a los acuerdos del pleno”, ha señalado, para justificar el que refrendara esta decisión, además de que la empresa “nunca dejó de prestar el servicio” y siempre trasladó su pretensión de pagar a la Alhambra, pero tenía un problema de liquidez “provocado por otras administraciones que no le pagaban sus servicios”.
Además, la Alhambra había retirado a la empresa los pagos de otros servicios que también prestaba en el monumento y se iniciaron una serie de compensaciones de deuda. Todo ello, en el marco de un proceso en el que, según ha recalcado Villafranca, nunca hubo reparos ni de los miembros del Pleno, ni del Interventor ni conllevó informes desfavorables en la auditorías que la Cámara de Cuentas realizaba periódicamente al monumento y en el que la empresa finalmente “fue pagando poco a poco”.
PERJUICIOS ECONÓMICOS
Además de Villafranca, se sientan en el banquillo de los acusados la exsecretaria general de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro; el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías y el exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José M.V. Han sido procesados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros.
La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para Villafranca y la exsecretaria general del monumento. Para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías pide diez años de cárcel y multa de un millón de euros y para la empresa o persona jurídica Stendhall Museum Solutions, multa de 21.900 euros y su disolución.
El fiscal también solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al monumento en 1.255.816 euros por los perjuicios económicos causados al Patronato de la Alhambra y Generalife. Esta cifra se elevaría en 258.169 euros más por los intereses devengados y no satisfechos hasta noviembre de 2018.
En la causa se trabaja con unas estimaciones que aluden a que la empresa no ofreció a la Alhambra los datos certeros de lo que facturó con el sistema de audioguías. Chamorro ha declarado que ella no llevaba los “temas de fiscalización y seguimiento de contratos”, pero en todo caso las personas encargadas de hacerlo nunca le trasladaron que hubiera algún problema o que la empresa no les diera la información que necesitaban para hacer su trabajo, así como ha dicho desconocer el que las audioguías se pudieran estar cobrando más caras al cliente de lo establecido con el Patronato de la Alhambra.
No obstante, ha relatado que al tener conocimiento de los impagos que se acumulaban, y dado que ella no tenía capacidad de rescindir contratos, sí trasladó a la entonces directora de la Alhambra la conveniencia de dejar de trabajar con esta empresa y sacar nuevamente a concurso el servicio, pero dado que había una “deuda grande” ella le trasladó que se sentía “más segura” si esta cuestión iba al Pleno del Patronato que gestiona el monumento.
El juicio, que está señalado hasta el 25 de enero, continuará este martes con la declaración de los dos acusados restantes.
- Te recomendamos -
