GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que investiga el llamado caso Nazarí sobre una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada en la etapa del alcalde popular José Torres Hurtado, ha rechazado archivar la pieza separada conocida como ‘expediente Mulhacén’, tras haberlo solicitado los investigados, alegando que las diligencias acordadas, entre ellas una pericial, aún no han sido concluidas.
Así consta en un reciente auto fechado el 24 de octubre, consultado por Europa Press, que ha dado a conocer este martes el grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada, el cual solicitó al Juzgado, al igual que la Fiscalía, que no se archivara esta pieza, que está vinculada al pabellón deportivo del mismo nombre y a los negocios hosteleros que se construyeron junto a esta instalación, en el barrio del Zaidín.
Varias de las piezas separadas de este caso ya han sido archivadas y actualmente están pendientes las conocidas como expediente San Jerónimo y la citada expediente Mulhacén. Por su parte, el Juzgado de lo Penal 1 de Granada absolvió hace unos meses al exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y a la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, de los delitos de los que fueron juzgados por el ‘expediente Obispo Hurtado’.
El portavoz del grupo municipal, Antonio Cambril, ha afeado en rueda de prensa que “sorprendentemente” el Ayuntamiento a través de alegaciones presentadas por sus servicios jurídicos, “se ha posicionado a favor de la petición de archivo de los acusados” en la pieza separada Mulhacén. “Siendo acusación y ejerciendo, a la postre, de defensa”, ha criticado.
“No se puede comprender cómo el Ayuntamiento, que debería defender intereses ciudadanos, ejerce de abogado defensor teniendo en cuenta que podría ser condenado a costas millonarias además de la posibilidad de tener que indemnizar a los sujetos presuntamente perjudicados. Curiosamente –ha dicho– es la misma posición que tomó en el caso TG7, donde ya se ha abierto juicio oral desoyendo la petición del Consistorio”.
Cambril ha explicado que la petición de sobreseimiento de la causa fue presentada el pasado 1 de septiembre por la defensa de la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto (PP); el 5 de octubre, ha continuado, “el Ayuntamiento, a través de sus alegaciones se adhirió a la petición de Nieto y a la del resto de los acusados” y, dos días más tarde, el 7 de octubre, UP presentó sus alegaciones oponiéndose a dicho archivo”.
Las alegaciones del grupo municipal argumentan en primer lugar “que se modifica el contrato de la concesión sin el procedimiento legal que permite la alteración de una parcela sin respetar los planos que integran la adjudicación del contrato público en beneficio de un particular”.
Cambril ha indicado que las alegaciones del grupo también se sustentan en la afirmación de que “no se da publicidad a este cambio” y, ha dicho, “nuestros abogados plantean la existencia del delito de prevaricación y que, ya está acreditado que si este delito existe, ocasionaría un perjuicio económico grave a este Ayuntamiento en caso de condena ya que tendría que pagar sumas millonarias en concepto de costas, e indemnizaciones si se decretaran”.
El escrito de UP avisa de que, “al no existir un informe preceptivo de la Asesoría Jurídica, los actos de las personas investigadas escaparon al control y a la fiscalización municipal”.
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