GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial tiene previsto juzgar este miércoles, 19 de octubre, el caso en el que la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión por un supuesto delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia para un acusado de haber vendido pisos y garajes de una promoción de viviendas en Albolote, en el área metropolitana de Granada, ocultando que sobre la finca pesaba un procedimiento de ejecución hipotecaria que derivó en subasta y en que la propiedad recayera en una entidad bancaria.
Según consta el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, la primera operación para vender vivienda y plaza de garaje a un matrimonio en Albolote tuvo lugar el 10 de junio de 2015 por un precio total de 77.000 euros, y se habría presentado como una venta supuestamente “libre de cargas y gravámenes”.
Con ella se les hizo entrega a los compradores de una copia de la licencia de primera ocupación a nombre de un grupo constructor del que un segundo acusado en este caso, que se enfrenta a dos años de prisión también por supuesto delito continuado de estafa, era administrador único.
Habrían pagado 30.000 euros, de tal modo que la cantidad restante se abonaría a la firma de la escritura pública, que “en todo caso debería realizarse a fecha de 20 de enero de 2016”, circunstancia que nunca llegaría a producirse, puesto que sobre la promoción en la que se encontraban los inmuebles existía una hipoteca de 5.975 euros, habiendo sido adjudicada además a un banco tras subasta anunciada en diciembre de 2015. “Tampoco se había realizado la división horizontal del edificio al tiempo de la venta”.
“Estas circunstancias eran plenamente conocidas” por el acusado principal, quien, a pesar de ello, supuestamente “se apropió del dinero transferido por los compradores, ocultándolas, a sabiendas, a éstos, quienes se han visto perjudicados en la adquisición de una vivienda habitual”, con “un importante gravamen del que eran absolutamente desconocedores”.
Se formalizó supuestamente una operación similar con otro matrimonio con fecha 29 de julio de 2015, esta vez por 55.00 euros, “pactándose que los compradores hacían entrega en el acto de firma del contrato de la cantidad de 47.000 euros al tiempo que estos recibían las llaves del inmueble así como copia de la licencia de primera ocupación”. Tampoco en esta ocasión se llegó a firmar la escritura pública.
La promoción figuraba, según la Fiscalía, como propiedad del grupo constructor, siendo el segundo acusado “igualmente conocedor del procedimiento de ejecución hipotecaria que pesaba sobre la finca”. Habría concedido poderes al principal procesado el 24 de febrero de 2015 “para realizar cualquier acto de administración”, que le revocó el 12 de julio de 2016.
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