GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)
La Subdelegación del Gobierno en Granada ha abierto cinco procedimientos sancionadores a vecinos de Íllora por supuesta infracción de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en las concentraciones que se organizaron en este municipio del Poniente de Granada, después de que, el pasado 15 de agosto, un joven de 19 años muerto de forma violenta en las fiestas del pueblo, unos hechos por los que está en prisión provisional un varón de 23.
Lo ha hecho al amparo de los artículos 37.1 y 30 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, estando dichos acuerdos actualmente en fase de alegaciones, según han detallado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada, tal y como ha adelantado la prensa local.
Según consta en uno de estos expedientes, consultado por Europa Press y referido a la concentración del pasado 20 de agosto, que reunió a unas 1.300 personas en la Plaza del Ayuntamiento, se ha atendido a a los informes remitidos por la Comandancia de la Guardia Civil de Granada entre el 1 al 19 de septiembre, refiriéndose que el acto de protesta “se desarrolló de forma pacífica y sin incidentes”.
Sin embargo, según prosigue el texto del acuerdo, “se incumplía” la normativa en referencia a que “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores”, de cuya coordinación se responsabilizaría a los sancionados, entre los que se encuentra el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Íllora, José Manuel Muñoz.
La sanción es de cien euros, según se notificaba en fecha de 21 de septiembre pasado, con posibilidad de pago voluntario con reducción del 50 por ciento del importe en el plazo de 15 días. Hay que señalar que la organización de las primeras concentraciones contra el crimen de Íllora fueron convocadas por redes sociales en el marco de una plataforma ciudadana que se empezó a articular tras la muerte del joven.
Estas sanciones se derivan de las denuncias que presentaba la Sociedad Gitana Española contra las concentraciones que se llevaron en cabo en Íllora para pedir “justicia” tras el crimen que acabó con la vida de un joven el pasado 15 de agosto, y que, según ha indicado esta asociación en un comunicado esta semana, “se convertían en manifestaciones donde los participantes se desplazaban hacia la zona donde viven las familias gitanas, gritándoles todo tipo de improperios, hostigando, coaccionando y amedrentando”.
La asociación ha pedido además la dimisión de Muñoz, así como la prohibición de las concentraciones en Íllora, donde en la noche del mismo 15 de agosto, viviendas de las familias del entorno del detenido, al que se investiga por la presunta comisión de un homicidio, fueron asaltadas.
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