GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)
La Subdelegación del Gobierno en Granada ha anunciado que estudiará con los mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil actuaciones de mejora para el almacenamiento de los estupefacientes que diariamente intervienen estos cuerpos en la provincia, en su mayoría marihuana, tras las quejas policiales por las condiciones en que actualmente se custodia esta droga en la Jefatura Superior de Policía.
Así lo han avanzado a Europa Press fuentes de la Subdelegación después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) haya reclamado un nuevo almacén de estupefacientes fuera de la Jefatura dado que los cientos de kilos de marihuana que se acumulan en estas instalaciones, expuestos a altas temperaturas y llegando a pudrirse en muchos casos, está derivando en “problemas de salud” para los agentes, afectados por náuseas, mareos y dolores de cabeza, además del olor.
Desde la Subdelegación explican que están pendientes de fijar una reunión con el SUP para tratar ésta y otras cuestiones relacionadas con la Policía Nacional. Sobre el almacenamiento de marihuana en las instalaciones de la Jefatura, matizan que hay que tener en cuenta que intervienen varios factores.
Uno de ellos es el judicial, para el acceso a las pruebas; y de hecho es el juez el que ordena la destrucción de la droga una vez que ha culminado el proceso judicial. Otros factores son el necesario análisis de las sustancias y el transporte. La previsión del departamento que dirige José Antonio Montilla es analizar con Policía Nacional y Guardia Civil actuaciones de mejora teniendo en cuenta las necesidades actuales.
El SUP apuesta por que la custodia se haga en unas instalaciones habilitadas en el puerto de Motril, una opción que ya existe en otras provincias, y que constituye un lugar retirado de cualquier vivienda o centro de trabajo y con controles de acceso, según relataba a Europa Press el secretario general del sindicato en Granada, César Calín.
Este enclave permitiría, de hecho, crear un almacén conjunto para la droga incautada tanto por la Policía Nacional como de la Guardia Civil y habilitar una custodia mixta con ambos cuerpos, con lo que se aseguraría una vigilancia adecuada y se “resolverían de un plumazo todos los problemas de salud laboral” que genera el almacenamiento en instalaciones policiales, defiende el SUP.
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