GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)
La Mesa Social del Agua de Andalucía ha expresado su oposición a la venta de excedentes hídricos desde el embalse del Negratín, en el Altiplano de Granada, a la comarca del Almanzora de Almería, reivindicando su gestión como un bien público y al margen de acuerdos privados.
La ley prevé centros de intercambio con garantías ambientales y sociales baja supervisión pública, ha destacado en un comunicado enviado por UGT que forma parte de esta mesa en la que también están integradas las organizaciones Aeopas, CCOO, COAG, Ecologistas en Acción, Facua, Nueva Cultura del Agua, Savia, Greenpeace, SEO/BirdLife, UPA y WWF.
Este posicionamiento llega después de que una comunidad de regantes del Altiplano de Granada aprobara la venta de cuatro hectómetros cúbicos de agua a una sociedad anónima del sector del agua radicada en la provincia de Almería, “utilizando el instrumento legal denominado cesión de derechos al uso privativo del agua previsto en la normativa vigente” y “la infraestructura del trasvase Negratín-Almanzora”.
El Altiplano de Granada, desde donde se vende el agua, es una zona “con un gran patrimonio natural y cultural pero socio-económicamente deprimida, con riesgo de despoblamiento, en la que la agricultura y ganadería, con gran presencia de la empresa familiar arraigada en el territorio, son sectores importantes para contrarrestar estas dinámicas”, han indicado también desde la Mesa Social del Agua.
En contraste con ella, la comarca del Almanzora han apuntado que “es un territorio con un alto ritmo de desarrollo económico y demográfico, con sectores urbano-turístico y residencial pujantes y con una agricultura intensiva concentrada en un grupo de pocas empresas generadoras de grandes beneficios, en la que la participación de la agricultura familiar casi ha desaparecido”.
En estas circunstancias, para la mesa son “muy comprensibles y necesarias las voces de alarma lanzadas desde algunos ayuntamientos y entidades sociales y empresariales del Altiplano contra una transacción que trasmite el mensaje de que en la comarca sobra el agua o que está tan mal gestionada que se puede trasferir a otros territorios con compensaciones a algunos particulares, que realmente no son sino simples concesionarios temporales de un bien de dominio público”.
Sin entrar “en las extrañas circunstancias” por las que en la zona vendedora “sobra el agua” al comienzo de la campaña de riegos, es cierto que la Ley de Aguas, desde su reforma en 1999 durante el primer gobierno presidido por José María Aznar, prevé la utilización de los instrumentos de cesión de derechos al uso privativo del agua y de centros de intercambio de derechos, con la finalidad de “mejorar la eficiencia económica y social de la asignación del agua”.
En ese marco legal, consideran que la flexibilización del régimen de concesional a través del segundo de estos instrumentos, en algunos casos, puede ser “útil para gestionar situaciones de escasez, cada vez más frecuentes”. El carácter público de este instrumento (centros públicos de intercambio) “debe permitir la participación pública, la transparencia y la evaluación de impactos ambientales, económicos y sociales de su aplicación, que no se dan en el primer caso (cesión entre particulares)”, prosiguen.
La Mesa Social del Agua defiende la transparencia en las decisiones sobre origen, destinos, volúmenes, usos y precios del agua, lo que considera “imprescindible para la consideración de los factores económicos, sociales y ambientales que afectan a la reasignación”.
Alerta también de que, bajo la figura de la cesión de derechos al uso privativo del agua, se estarían creando por la vía de los hechos “mercados privados del agua, que en este caso, por las razones expuestas, no debieran contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ni con los informes positivos previos de la comunidad autónoma y del Ministerio que la normativa exige”.
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