GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes la formulación de la revisión de los planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y de los planes rectores de Uso y Gestión (PRUG) de los parques naturales Sierra de Baza y Sierra de Huétor, ambos en la provincia de Granada, tras 19 años en vigor de los actuales.
Ambos parques naturales fueron declarados espacios naturales protegidos por la Ley 2/1989 por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y, posteriormente, fueron declarados Zona Especial de Conservación.
Por tanto, forman parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000 y cuentan con instrumentos de planificación específicos como los planes de Ordenación de los Recursos Naturales y de los planes rectores de Uso y Gestión, aprobados en 2004 mediante decretos.
No obstante, dado que la planificación de los espacios naturales protegidos es un proceso dinámico y ante la necesidad de adecuar los instrumentos de planificación vigentes a los cambios ambientales, sociales, legales y económicas, es necesario abordar la revisión de los PORN y PRUG para adecuar la ordenación y gestión de estos espacios naturales protegidos al presente.
Además, la revisión dará cumplimiento a los requerimientos de la Red Natura 2000 y de la Comisión Europea en lo relativo a la simplificación administrativa e incremento de la transparencia de los procedimientos y al establecimiento de una regulación común y homogeneidad en la gestión de los parques.
El procedimiento de elaboración de la revisión de los PORN y PRUG será el previsto en la normativa de aplicación, correspondiendo su impulso y coordinación a la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos.
De ambas redacciones serán informados la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza y la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor, así como por las administraciones afectadas, incluyendo los ayuntamientos implicados, sometidos a trámites de audiencia, información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados y de las organizaciones sin fines lucrativos y asociaciones afectadas.
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