GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Granada ha fijado para el 31 de marzo el inicio del juicio contra la exconsejera delegada de Cetursa, la socialista María José López, por presuntas irregularidades en sueldos de personal directivo durante su etapa de gestión en la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada. Un asunto por el que se enfrenta a una petición fiscal de siete años y medio de prisión.
El juicio está señalado en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada desde el 31 de marzo al 4 de abril, según han confirmado este miércoles a Europa Press fuentes judiciales y junto a María José López se sentará en el banquillo de los acusados el que fuera director de Organización y Finanzas de Cetursa. Ambos están acusados de autorizar “unilateralmente” y presuntamente “sin autorización” de la Consejería de Hacienda cambios en la estructura organizativa de Cetursa para que varios cargos directivos no estuvieran sujetos a los límites retributivos que fijaba la ley, así como de cobrar presuntos complementos de antigüedad que nos les pertenecían.
La Fiscalía les acusa concretamente de un delito continuado de prevaricación administrativa –por el que solicita que sean condenados a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público– y de otros dos delitos de falsedad de documento público cometida por funcionario, por el que pide en total una pena siete años y medio de cárcel para ambos, según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.
La Fiscalía hace constar que Cetursa es una sociedad mercantil del sector público y que desde enero de 2013 debía atenerse a las normas presupuestarias y de reequilibrio económico-financiero que impedían un incremento en las retribuciones de los directivos. La norma también establecía que el derecho a percibir complementos de antigüedad debían figurar necesariamente en el contrato laboral y ello debía haber sido redactado antes de 2013.
La Fiscalía mantiene que “pese a tener conocimiento” de estos extremos, María José López y el entonces director de Finanzas “incumplieron” de forma consciente la ley “dictando resoluciones” con el fin de “eludir los limites retributivos anuales”. Presuntamente idearon un “plan” para cambiar de forma “ficticia” y “en fraude” de ley la estructura organizativa de Cetursa para que varios directivos perdieran esta condición y estuvieran sujetos al convenio colectivo, dado que los topes salariales sólo afectaban al personal que no estaba sujeto a convenio.
Así, presuntamente redactaron una cláusula adicional en los contratos haciendo constar esta circunstancia y modificando “unilateralmente la naturaleza jurídica y las condiciones laborales del personal directivo”. Las cláusulas fueron firmadas por el director de Finanzas y tres directivos más, aunque de ellos dice la Fiscalía que “desconocían” la finalidad y “trascendencia” del documento.
“SIN AUTORIZACIÓN”
Posteriormente, y pese a “no contar con la autorización” ni con el informe favorable de la Consejería de Hacienda, el 15 de diciembre de 2014 presuntamente ordenaron el cese de los directivos y su designación como Jefes de Servicio sujetos a convenio, algo que –según insiste el Ministerio Fiscal– “no correspondía a necesidades organizativas, económicas o estructurales sino al fin de evitar una disminución de la retribución”, especialmente para el Jefe de Finanzas.
Así, todos ellos mantuvieron sus retribuciones y pese a desarrollar las mismas funciones que antes incluso aumentaron sus sueldos en los años siguientes. En concreto, de 2012 a 2017 el exdirector de Finanzas percibió presuntamente un exceso retributivo de 23.800 euros, si bien tras un informe de la Intervención de la Junta de Andalucía en 2018 devolvió 19.141 euros.
Junto a ello, y pese a las normas presupuestarias y de reequilibrio económico financiero que estaban vigentes, los acusados –la primera como consejera delegada y el segundo como director de Finanzas– reconocieron el pago de un complemento de antigüedad para este último y presuntamente entregaron a la Inspección General de Servicios documentación que alteraba la realidad sobre este extremo, a fin de dar cobertura a lo que habían hecho cuando se les solicitó información al respecto. La Fiscalía cifra en 48.697 euros lo que por este concepto cobró este cargo directivo.
Respecto a María José López, la Fiscalía explica que también en su caso ambos autorizaron “unilateralmente” el pago de un complemento de antigüedad con una adenda para darle cobertura. Precisa la Fiscalía que su contrato fue firmado en agosto de 2010 estableciéndose una retribución de 56.493 euros, sin incluir el derecho a percibir el complemento antigüedad.
No obstante, en julio de 2014, sin autorización de la Consejería de Hacienda ni informe favorable, presuntamente confeccionaron una adenda al contrato “alterando la realidad” en cuanto a la fecha original de firma –dijeron que fue en 2010 cuando fue confeccionado en 2014– e introdujeron el derecho a cobrar ese complemento. De 2012 a 2017, María José López presuntamente cobró 3.708 euros por ese concepto.
TRIBUNAL DE CUENTAS
En paralelo a este proceso por la vía penal, se ha seguido otro en el Tribunal de Cuentas, que condenó a María José López a abonar más de 58.512 euros a la Junta de Andalucía por el menoscabo de fondos públicos en Cetursa debido a pagos “indebidos o carentes de justificación” realizados a determinados trabajadores en 2015.
El Tribunal de Cuentas estimó así parcialmente las demandas presentadas por la Junta de Andalucía y la Fiscalía por este asunto y concluyó que María José López “incurrió, como mínimo, en negligencia grave en la gestión de los fondos públicos que tenían encomendada” pues, “por acción u omisión”, permitió los pagos.
El órgano de control consideró a María José López “responsable contable directa” del alcance causado en los fondos públicos de Cetursa Sierra Nevada” en 58.512 euros y le condenó al reintegro de esta suma más los intereses generados.
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