ATARFE (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este martes la importancia para “velar por la salud pública” de la operación desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil para desarticular una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos sanitarios ilegales relacionados específicamente con la medicina estética.
Con actuaciones en las provincias da Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla y detenidos en varias provincias, entre ellas Madrid, se ha saldado por el momento con cuatro personas detenidas y 41 investigadas por 53 delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal, detallando el delegado, a preguntas de los periodistas sobre este tema, que la operación sigue abierta.
La operación ha tenido alcance también en provincias como Murcia o Alicante y en ella hasta 24 clínicas “han sido objeto de entrada y registro” supuestamente por hacer “acopio, uso, distribución, venta y comercialización de productos prohibidos, no homologados, provenientes fundamentalmente de la República de Corea, que tenían que ver efectivamente con tratamientos de medicina estética”, ha detallado Fernández.
Ha aludido también el delegado a “una situación de intrusismo” profesional de personas que al parecer “no tenían la homologación ni la capacidad suficiente para poder” desempeñar estas tareas “ni la titulación” necesaria.
Entre los compradores de estas sustancias se encontraban diversas clínicas de estética legalmente establecidas y otras clandestinas, además de personas que ejercían este tipo de labores de medicina sin titulación oficial, detallaron este pasado lunes desde la Agencia Tributaria y la Guardia Civil.
Se han aprehendido grandes cantidades de medicamentos y productos sanitarios ilegales procedentes de Corea principalmente, así como material para su acondicionamiento, almacenamiento y distribución.
La investigación se inició en 2023, a raíz de una serie de informaciones recabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en relación a la existencia de diversas clínicas clandestinas dedicadas a la realización de tratamientos e intervenciones propias de la medicina estética, observando que incluso se ofertaban a través de redes sociales este tipo de tratamientos médicos por estas personas sin la debida titulación.
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