GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)
La Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada y UGT han firmado este viernes el convenio del sector, que supondrá de aquí a 2025 una subida media de unos 93 euros al mes para los más de 25.000 trabajadores en esta provincia y que fija a su juicio “las bases del futuro” de la hostelería granadina. Del acuerdo, sin embargo, se ha desmarcado CCOO al entender que aporta “escasos avances” en materia salarial y “no contribuye a reducir la precariedad” en cuestiones como los periodos de llamamiento del personal fijo discontinuo.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, se ha mostrado “satisfecho” de que las negociaciones hayan llegando “a buen puerto” con “logros” para ambas partes tras dos años de “intensos” encuentros entre patronal y sindicatos. A su juicio, “hoy es un día importante” porque se cierra un convenio que regulará las relaciones laborales del que es “prácticamente el primer sector de la economía granadina”.
Gregorio García ha querido dar las gracias a CCOO “porque en toda la negociación se han llegado a acuerdos que quedan reflejados en las actas” y ha considerado “una lástima” que “al final no haya querido firmar también”, si bien afirma que la patronal está “satisfecha con la mesa negociadora” y “abierta siempre” para que se integren en el acuerdo.
El convenio provincial de hostelería recoge una subida salarial del 11,5 por ciento durante su periodo de vigencia: 5,7 por ciento para 2023; 2,9 por ciento para 2024 y 2,9 por ciento para 2025, lo que supone una subida media de más de 93 euros al mes para los más de 25.000 trabajadores del sector, según han detallado desde UGT.
El sindicato destaca que se da solución a problemáticas como las que han sufrido las camareras de piso, ya que se va garantizar su subida de categoría profesional a grupo de nivel IV, que será efectivo durante el convenio y un incremento salarial de 90 euros de media al mes. También regulan los contratos fijos discontinuos y se crea una bolsa de trabajo en la que las empresas puedan contratar a todas aquellas personas que se encuentran en el periodo de no actividad.
Además, se recoge un periodo mínimo de actividad de cinco meses en un periodo de 12, garantizando una jornada diaria de cuatro horas como mínimo para las personas con jornada parcial, y la posibilidad de prorrogar hasta 12 meses los contratos por necesidad de la producción. Otro de los hitos de este texto, explican desde UGT, ha sido dar entidad a las comisiones paritarias para mantener el convenio vivo y poder mejorarlo durante toda su vigencia.
A pesar de las “dificultades” que ha habido durante la negociación, desde UGT han querido “reconocer la altura de miras” que la patronal del sector ha tenido en la parte final de la negociación y que ha permitido finalmente cerrar el acuerdo.
ARGUMENTOS EN CONTRA
Desde CCOO se han desmarcado de la firma del convenio porque, según argumentan, supone la precarización de las condiciones laborales de los trabajadoras de la Hostelería. El sindicato explica que “ha forzado un preacuerdo de subida salarial del 11,5 por ciento para el periodo 2020-2025 asumiendo, sin embargo, la renuncia a elementos importantes como los atrasos de 2022 o la introducción de la cláusula de revisión salarial, a cambio de incluir en este convenio la equiparación salarial de las camareras de piso a los camareros de sala”.
Sin embargo, en el texto final la propuesta de equiparación salarial de las camareras de piso queda postergada a un primer incremento del 50 por ciento para enero de 2025 y al resto para diciembre de 2025 (último día de vigencia del convenio), una equiparación que para CCOO es mejorable ya que debería haberse efectuado al cien por cien de aplicación en la entrada en vigor del convenio.
El sindicato también ha mostrado su desacuerdo, entre otras cuestiones, con el capítulo de contrataciones en lo que respecta a los períodos de llamamiento del personal fijo discontinuo, porque a su juicio no contribuye a reducir precariedad en el sector, sino todo lo contrario, impidiendo el derecho de los trabajadores de decidir libremente, “dejando a las plantillas bajo el arbitrio de que puedan ser llamadas para cada fin de semana durante siete meses al año, sin mejorar sus condiciones de contratación y a riesgo de perder el puesto de trabajo si no se acepta el llamamiento”.
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