GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)
La macrocausa conocida como ‘caso Marchelo’, que sentará en el banquillo de los acusados a 16 personas entre empresarios, técnicos y políticos por presunta corrupción en varias operaciones durante la etapa de gobierno del que fuera alcalde de Alhendín (Granada) José Guerrero (PP), ha llegado en su totalidad a la Audiencia de Granada para su enjuiciamiento tras más de 15 años de instrucción.
Fuentes del caso han avanzado a Europa Press que, aunque buena parte del procedimiento se encuentra desde antes del verano en la Audiencia Provincial, para el señalamiento del juicio aún faltaba la remisión de las piezas de responsabilidad civil, un “último coletazo” que se ha cumplido en fechas próximas y que supone otro paso más de cara al enjuiciamiento.
En esta causa se han investigado diferentes expedientes urbanísticos, entre ellos, las supuestas irregularidades en el parque empresarial Marchalendín, la edificación de la urbanización Novosur y la tramitación y construcción de una gasolinera, asuntos por los que acusa la Fiscalía. A finales de 2021, el Juzgado de Primera Instancia en Instrucción 2 de Santa Fe acordó la apertura del juicio oral contra estas 16 personas, entre las que hay empresarios, técnicos y políticos.
Para el exalcalde del PP en Alhendín en el momento de los hechos la Fiscalía solicita 15 años de cárcel; y para el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández Moreno, 26 años de prisión. En el banquillo de los acusados se sentarán otros exediles, técnicos y promotores por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y apropiación indebida. Por su parte, el Abogado del Estado acusa por las actuaciones sobre el antiguo cauce del arroyo de la Calera en el marco de una de estas operaciones urbanísticas.
Este auto de apertura de juicio oral llegó después de que la Audiencia de Granada rechazara dividir la causa en piezas separadas como habían solicitado algunos de los acusados atendiendo a los diferentes expedientes urbanísticos que se han investigado.
La Audiencia Provincial respaldó así la decisión del Juzgado de Instrucción de acordar la “indivisibilidad” de la causa para que no se produjeran mayores dilaciones en unas actuaciones judiciales iniciadas en 2006 y en la que las diligencias de investigación se han realizado de manera globalizada.
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