GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)
Los ayuntamientos de Armilla y Maracena, municipios del área metropolitana de Granada con gobiernos locales presididos por el PSOE, se han congratulado de la decisión anunciada este miércoles por la alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, del PP, de aplazar medio año, hasta el 1 de octubre, el inicio de la activación de las sanciones por el acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y han vuelto a pedir consenso en su articulación.
En una nota de prensa, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha explicado que “la decisión del Ayuntamiento de Granada de aplazar hasta el 1 de octubre la aplicación de sanciones en la ZBE es un paso en la dirección correcta”.
“Celebro que la alcaldesa de Granada haya atendido nuestras demandas, porque este plazo de seis meses debe servir para alcanzar un acuerdo que tenga en cuenta la realidad metropolitana y para corregir los puntos débiles de la ordenanza de movilidad que afectan a los municipios del entorno”, ha afirmado Cañavate.
El consistorio armillero presentó alegaciones contra la ordenanza de vovilidad sostenible, que regula la ZBE, al considerar que introduce una “discriminación injustificada” entre ciudadanos según su lugar de residencia, “vulnerando” principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad.
Este miércoles, Cañavate ha incidido en que “es esperanzador que el Ayuntamiento de Granada haya entendido que no se puede imponer una normativa de este calado con toda el área metropolitana en contra y sin garantizar antes medidas eficaces de transporte público y aparcamientos disuasorios viables”.
“Desde Armilla, mantenemos una posición clara: cualquier aplicación de la ZBE que discrimine a las personas por el origen de su vehículo en lugar de por su nivel de emisiones es injusta y, además, podría ser inconstitucional”, ha añadido la alcaldesa, quien ha indicado que el Ayuntamiento seguirá “defendiendo los derechos” de los vecinos para que esta medida no les afecte “de manera discriminatoria” y ha tendido la mano a Carazo para “mejorar la calidad del aire”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Maracena ha valorado positivamente el aplazamiento de las sanciones en la ZBE de Granada, una medida que, según han destacado en una nota de prensa desde el consistorio maracenero, “es resultado de la presión social e institucional ejercida por los vecinos y los municipios afectados”.
No obstante, el alcalde, Carlos Porcel, ha subrayado la necesidad de abordar esta cuestión “de manera conjunta y coordinada” entre todos los municipios del área metropolitana, cuyos ciudadanos “hacen vida diariamente en la capital”.
Porcel considera que las modificaciones anunciadas suponen un avance, pero advierte que siguen siendo “insuficientes” para atender las necesidades específicas de Maracena y del resto de localidades cercanas.
“La movilidad en el área metropolitana de Granada es un reto que debe resolverse con una planificación que tenga en cuenta la realidad de cada municipio y garantice soluciones efectivas y equilibradas para todos los ciudadanos”, ha señalado el alcalde.
Desde el Ayuntamiento de Maracena han indicado que permanecerán “vigilantes” a la concreción de las modificaciones que pueda establecer el Ayuntamiento de Granada en la ZBE.
En este sentido, han asegurado que afrontarán el proceso desde “una postura vigilante y crítica”, con el objetivo de “defender los intereses de sus vecinos y garantizar que las medidas adoptadas sean justas y adecuadas para todos los afectados”.
Asimismo, el consistorio ha recordado a la ciudadanía que continúa la recogida de firmas al respecto en la segunda planta del Ayuntamiento y en todos los edificios públicos. “Seguimos impulsando esta iniciativa para exigir una ZBE justa para todos y lograr un acuerdo entre administraciones que permita encontrar soluciones sostenibles y consensuadas. Nuestro objetivo es mejorar la calidad del aire sin perjudicar la movilidad”, ha concluido Porcel.
El pasado jueves, alcaldes y portavoces socialistas en el cinturón granadino y su entorno exigieron en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento de Granada, a Carazo que recapacitara y consensuara una nueva ZBE “que no discrimine a la población”.
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