GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)
La adjudicación del contrato de dirección facultativa de los trabajos arqueológicos asociados con la recuperación del Paseo Romayla, impulsada por el Ayuntamiento de Granada y el Patronato de la Alhambra y Generalife, ha sido ratificada en la Junta de Gobierno Local de este viernes por un importe de 23.249 euros, según ha indicado el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, que ha señalado que la reforma de este enclave a los pies del monumento nazarí no comenzará este año pese a lo previsto inicialmente.
Así lo ha indicado en rueda de prensa Fernández Madrid, quien ha señalado que el estudio de impacto patrimonial pendiente está “casi terminado”, y a él se incorporarán los resultados de estos trabajos arqueológicos que se estimaron tras ser revisado por parte del área de arquitectura municipal al hilo de unos informes de Icomos-España.
Cuando esté listo este estudio de impacto, se procederá a la redacción del proyecto, la petición de los permisos pertinentes a Cultura de la Junta y el Patronato de la Alhambra y a la licitación de la obra, ha indicado Fernández Madrid, que ha explicado que se trata de un “entorno muy singular” por lo que ha valorado que se lleve a cabo “específicamente esta excavación arqueológica” pese a los sondeos previos que ya se hicieron.
Ha detallado las cuestiones por las que estas obras no comenzarán este año y ha señalado que son “ajenas a este equipo de gobierno”, del PSOE, a la par que ha señalado que ya ha pedido al Patronato la convocatoria de una reunión de la comisión de seguimiento del Plan Alhambra para “acordar la mejor fórmula para que la inversión que la Junta iba a realizar en el conjunto” no “se pierda”.
A este respecto, hay que recordar que la revisión municipal del proyecto se ha centrado en la intervención de preservación paisajística prevista en la acequia de Romayla incorporando, según se informó en su momento, las “aportaciones y sugerencias” de Icomos-España. Estuvo expuesta durante el pasado mes de abril en el Ayuntamiento en la fase de información y exposición pública requerida por la normativa urbanística.
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