GRANADA, 10 (EUROPA PRESS)
El principal procesado en la macrocausa con medio centenar de acusados señalada para juicio por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada este lunes en el edificio judicial de Caleta ha aceptado un año y medio de cárcel y el pago de una multa de 87.586 euros por unos hechos con alrededor de medio centenar de beneficiarios, la mayoría condenados también a entre cuatro y seis meses de prisión.
Son condenados en firme en el marco de un acuerdo de conformidad en un caso en que, además de la Fiscalía, también han acusado la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal. El ministerio público interesaba inicialmente penas de cárcel que iban desde los seis años para el acusado principal al año que interesaba para el resto, algunos de los cuales han intervenido telemáticamente en la vista.
Otro ha comparecido con esposas y custodia policial al estar en prisión por otros hechos, y hay procesados que no han acudido. El total defraudado ascendió a los 143.412 euros, según constaba en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.
El acusado principal, que se enfrentaba también al pago de una multa de 851.370 euros según esta calificación inicial, conforme a dicho escrito, “con la finalidad de conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño la obtención de las prestaciones económicas (de desempleo) e incluso asistenciales y sanitarias del sistema de la Seguridad Social, así como permisos de trabajo y residencia para extranjeros”, actuó “puesto previamente de acuerdo con el resto de acusados”.
Así, “causó alta en el Régimen General de la Seguridad Social con fecha 1 de febrero de 2013, constando como autorizado” en el sistema RED y “simulando una relación laboral inexistente y suscribiendo contratos de trabajo que no respondían” más que “como ficticios trabajadores”.
Constaban como contratados para actividades como publicidad, consultoría de gestión empresarial, generando deudas que en algunos casos fueron compensadas, apuntaba el ministerio público. Son esos los que han recibido una condena de cuatro meses de prisión con la imposibilidad de recibir durante un año beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Se les ha aplicado las atenuantes de reparación del daño, en estos casos en que han pagado las deudas, y de dilaciones indebidas, a la cual se ha sumado en el caso del procesado principal la de alteración psíquica. Éste no podrá percibir beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
La letrada Coral Vega, de Abogasur, ha atendido a los medios antes del inicio de la vista, a las puertas del edificio de Caleta, señalando que la mayoría de los acusados, que según si pagaron una parte o ninguna de la deuda, han sido condenados a cinco o seis meses de prisión, mantienen que “sí se les ofreció un contrato de trabajo y sí trabajaron”.
La sentencia en lo referente a esta mayoría de procesados que se han acogido al acuerdo de conformidad será firme en tanto las partes han manifestado en la vista de este lunes que no recurrirán.
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