CÓRDOBA, 23 (EUROPA PRESS)
El Consejo del Movimiento Ciudadano se ha dirigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba para que concluya el expediente de innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tenía el objetivo de cambiar la clasificación de terrenos que venían a complementar ámbitos de parcelaciones urbanísticas legalizables en la zona de Poniente.
Según detalla en una nota la entidad, “el expediente se comenzó en 2006, se aprobó provisionalmente en 2009 y lo último que se sabe oficialmente de él es que se envió a la Dirección General de Urbanismo en diciembre de 2012”, pero “diez años después nada más se sabe”, señalan.
El expediente suponía que 12 pequeños núcleos de viviendas “pasarían a legalizables completando a otros que el PGOU ya admitía como tales”. Eran Candilejas, Núcleo Sur del camino de las Abejorreras, Camino de la Alameda, El Cubetero, Cuesta Blanquilla, La Florida, Lagunas 2, ampliación de El Castillo, El Aljarafe, ampliación de Barquera Norte, Paso de la Barquera y Llanos de Altázar.
A todas estas agrupaciones de viviendas se les animó a “preparar la documentación necesaria, con los costes correspondientes que suponía su elaboración, pero en diez años no han tenido ninguna comunicación oficial y, por tanto, no han podido ni recurrir su situación”.
El Consejo del Movimiento Ciudadano cree que “entre la Gerencia de Urbanismo y la Junta de Andalucía han dejado pasar el expediente, que posiblemente haya caducado o esté en alguna circunstancia similar, pero que no se ha formalizado su cierre ni se le ha comunicado a los afectados la situación en la que se encuentran ahora los grupos de parcelas afectadas, manteniéndoles en un limbo jurídico”.
“Independientemente de lo que haya sucedido con el expediente, hay que proteger los derechos de las personas que viven en esos núcleos, entre los que está el que se les comunique oficialmente el resultado del expediente”, apuntan desde la entidad.
Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, “es fundamental que este asunto se aclare de forma definitiva y urgente”. “Ya no interesa buscar culpables ni responsables de esta dejadez administrativa, sino que se regule esta situación urbanística para ver de qué forma pueden ahora acogerse a los caminos de legalización o dotación de servicios que permite la nueva ley de suelo (Lista) y su reglamento, y que los afectados puedan decidir sobre su presente y su futuro”, defienden.
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