CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)
El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha emitido un dictamen sobre la ordenanza reguladora de la creación y régimen de funcionamiento del servicio público del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) y en él muestra sus “dudas” sobre la decisión de gestionar el servicio público de forma directa, “puesto que recaerá el déficit previsto de proporciones desconocidas sobre los presupuestos municipales”.
Según ha expuesto el colectivo en una nota, “históricamente, este equipamiento se diseñó bien con la participación de otras administraciones –Junta de Andalucía, Diputación, Gobierno central–, bien con participación del sector privado”.
Sin embargo, han advertido de que “nada de eso va a suceder y se carga a los fondos municipales un servicio que, para tener cierta viabilidad, tiene que contar con el apoyo cierto de esas otras administraciones y del sector privado”, a la vez que no entienden que “este último se reserve sólo para cobrar por servicios que preste al CEFC –seguridad, organización, limpieza–, ni tampoco que no se asegure que las ferias de la provincia y parcialmente de la comunidad andaluza se celebren en número suficiente en el CEFC”.
Además, han dicho que es “absolutamente indeterminado no fijar el personal que se piensa destinar a este servicio público que nace dentro de un área, la de Reactivación Económica, pero sin fijar un personal mínimo suficiente para que pueda desarrollar su trabajo”, algo que “pone en duda la viabilidad del mismo”. “Si no se fija qué personal se tendrá, sólo puede significar que se van a externalizar todos los servicios, lo que necesitará de un tiempo indefinido para su contratación”, han apostillado.
Asimismo, han apuntado que “no se fija quién elaborará la Carta de Servicios, el plan de mejora continua, los procesos de normalización, las encuestas de satisfacción protocolos de uso o la memoria anual, quedando todo en el aire al no saber con qué estructura de personal se va a contar”.
Sobre la forma de financiación del servicio, consideran que “se deberían tener en consideración precios especiales para entidades sin ánimo de lucro”, al tiempo que “en los derechos de los usuarios, el respeto a sus creencias y opiniones tendrán como límite el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los valores constitucionales”.
Igualmente, creen que “se tendría que incluir la obligación de crear un reglamento de régimen interior”; sobre la responsabilidad de los actos, “no se debe empezar el servicio sin tenerlo acogido al seguro de responsabilidad civil municipales”, y “la evaluación debe contar con un componente altamente participativo y pasar por dictamen del Consejo Social de la Ciudad y del Consejo del Movimiento Ciudadano”.
(ep)
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