POZOBLANCO (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)
El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba), Gerardo Arévalo, quien fuera edil de Personal en el gobierno local del PP, ha pedido este miércoles al alcalde, Santiago Cabello (PP), que publique “íntegramente” el decreto de archivo de la Fiscalía sobre la denuncia que el PSOE presentó en marzo contra el regidor y que no ve indicios de ilícito penal en la contratación por el Ayuntamiento del hijo de la secretaria del alcalde y que el Consistorio le pagara seis meses sin que acudiera a trabajar, y sin reclamarle que devolviera lo cobrado, hasta después de haber sido presentada la denuncia, ahora archivada.
En una nota, el edil no adscrito considera que “el propio Santiago Cabello es el responsable de las irregularidades administrativas y la única persona que tenía un vínculo de afinidad con el beneficiado”. Por lo tanto, ha expresado que “si alguien tiene que asumir responsabilidades por lo ocurrido, es Cabello”, de ahí que haya expuesto que no sabe “de qué gran mentira habla Santiago Cabello” y ha dicho que le da “pena que haya gente que sea engañada, otra vez”.
Tras solicitar que “se publiquen todos los correos” que ha intercambiado él como concejal con el alcalde sobre este asunto, Arévalo ha explicado que su fin “no es cambiar las cosas, que es muy difícil, pero sí, al menos, no empeorar los problemas de la sociedad y de la política”. “Entre muchos otros, la corrupción, la mentira como costumbre o la utilización de la administración pública para cualquier otra cosa que no sea servir a los demás y mejorar la sociedad”, ha apostillado.
Según ha mencionado, “hay que diferenciar dos cosas para entrar a valorar lo sucedido”, de modo que “no es cierto que se haya decidido judicialmente el asunto, como se afirma en la nota del alcalde”, porque “la Fiscalía ha realizado unas diligencias preprocesales, no un procedimiento definitivo judicial”. De hecho, “las actuaciones preprocesales deben servir para localizar y asegurar las posibles fuentes de prueba, más que para instruir –investigar–“, ha indicado.
Al respecto, ha comentado que “la Fiscalía ha basado su archivo, única y exclusivamente, en un informe realizado por el secretario en funciones, cargo nombrado por el alcalde en plena crisis mediática, tras el traslado de la secretaria con habilitación nacional”, de manera que “no se han solicitado, ni se han tenido en cuenta, por parte de Fiscalía, las testificales, ni la mía, ni la de ningún funcionario, ni la de otros concejales, ni la del propio alcalde”, ha señalado, para apostillar que “se pueden denunciar los hechos ante el juzgado e iniciar el correspondiente procedimiento judicial”.
“ACTUACIONES INMORALES O IRREGULARES”
Además, el edil ha manifestado que “los hechos ‘investigados’ por ahora no constituyan delito a juicio de la Fiscalía no significa que las actuaciones a debate no sean inmorales e irregulares”. “Esto último ha sido afirmado de manera clara por la Fiscalía en su decreto de archivo”, ha subrayado.
Así, ha remarcado que “los hechos han sido lo suficientemente graves e irregulares como para que Fiscalía haya abierto un proceso de investigación”. Sin embargo, tras el citado informe emitido por el secretario del Ayuntamiento, y “gracias a que se devolvieron las cantidades, se ha estimado que, a priori, no es lo suficientemente grave para que sea delito, dado el principio de intervención mínima del derecho penal”, ha apuntado, para agregar que el hecho de que “la Fiscalía no vea delito, no impide que los hechos acontecidos sean inmorales y políticamente reprobables”.
Asimismo, ha hecho hincapié en que “haber realizado la devolución de las cantidades, no sólo ha sido el principal motivo del archivo, además se hubiese evitado todo este problema”, a lo que ha añadido que “hay hechos irrefutables por los que el alcalde no ha dado explicaciones aún, sobre si se ha pagado sin trabajar al hijo de la secretaria del alcalde durante seis meses; si ha tenido conocimiento de su contratación y de cada pago que se ha realizado –hecho que negó ante preguntas de los periodistas”.
Igualmente, si “tras finalizar la relación del joven con el Consistorio, entró como concejal y fui yo quien le pedí al alcalde en numerosas ocasiones que solicitara la devolución de las cantidades indebidamente cobradas”, pero ante su “inacción”, se vio “obligado a denunciar de manera interna las irregularidades y a requerir al hijo de su secretaria para que justificara por qué no devolvía las citadas cantidades”.
También, ha apuntado que “la decisión del alcalde no fue exigir la devolución de las cantidades, sino expulsarme del Grupo Popular”, al tiempo que “el magistrado del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba dicta en sentencia que no hay relación laboral, lo que obliga a devolver las cantidades, ya que sin relación laboral, no puede haber pagos de nóminas”.
Y “si el Ayuntamiento ha recuperado el dinero indebidamente pagado es por las personas que hemos solicitado que se devuelva, y hemos hecho lo correcto, no precisamente por el alcalde”, ha apostillado.
A juicio del concejal no adscrito, “el alcalde sigue tergiversando la realidad de los hechos”, porque, según Arévalo, “en el decreto de Fiscalía se reconoce de manera clara y contundente que del citado informe ‘podemos extraer que, en el expediente de contratación examinado, se producen una suerte de irregularidades’, que ‘en el expediente de contratación existe una duplicidad de contratos’ y cita ‘irregularidades observadas en la contratación’ y ‘la existencia de irregularidades en el proceso de contratación'”.
PETICIÓN DEL ALCALDE
Frente a ello y a través de una nota, el regidor ha pedido este martes al PSOE, a IU y al concejal no adscrito que “cesen en su campaña de desprestigio, que reflexionen y asuman responsabilidades”, tras el citado archivo de la denuncia a cuenta de las “incidencias administrativas que se detectaron en el departamento de Personal”, según ha señalado.
Fue el Grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Pozoblanco el que presentó ante la Fiscalía cordobesa la denuncia por el caso del “trabajador fantasma”, al creer que pueden ser “constitutivos de delito” los hechos relativos a la contratación del hijo de la secretaria personal del alcalde, al que el Consistorio pagó durante seis meses, con cargo a un programa de empleo de la Junta de Andalucía, sin que el empleado acudiera a trabajar, y sin que, a marzo de este año, se le reclamase por el Ayuntamiento lo cobrado entre diciembre de 2022 y junio de 2023.
El alcalde ha explicado ahora que desde el Consistorio y la Alcaldía “se han ofrecido, tanto al Ministerio Público, como a los grupos de la oposición, todos los documentos que se le han solicitado, con la máxima transparencia”, y ha mostrado su satisfacción por que este asunto “quede al fin zanjado, al no detectarse indicios de ningún tipo de irregularidad penal, que ha sido lo que nosotros siempre hemos defendido, a pesar los ataques constantes y de lo que demuestra toda la documentación”.
Santiago Cabello ha dicho confiar en que “esta decisión ponga fin, de una vez por todas, a la cacería política y personal a la que se me ha sometido a mí y a mis compañeros del equipo de gobierno, la cual han ido alimentando durante meses a sabiendas de que se engañaba a Pozoblanco”.
Así, el primer edil ha pedido, tanto al PSOE y a IU, y a sus portavoces municipales, Rafael Villarreal y Emmanuel Vioque, como al concejal no adscrito, Gerardo Arévalo, “que asuman que éste no es el camino, pues ya se conoce que todo ha sido una gran mentira, con la que han intentado romper la estabilidad de Pozoblanco y que ha tenido que resolver la Justicia y la Fiscalía de forma contundente”.
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