CÓRDOBA, 22 (EUROPA PRESS)
El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha acordado incluir en el Plan de Actuaciones para el año 2020 la realización de un informe denominado ‘Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)’, correspondiente a la actividad desarrollada durante el ejercicio 2019, de modo que ha emitido una opinión “favorable” en la auditoría financiera del estado de liquidación del presupuesto y una opinión “favorable con salvedades” en el cumplimiento de la legalidad.
Según destaca la entidad, el objetivo de la fiscalización ha consistido en “la revisión de determinadas áreas de la Cuenta General para opinar en materia financiera en términos de seguridad razonable en todo lo que alcance a la liquidación del presupuesto de gastos y en términos de seguridad limitada en todo lo que alcance al resto de estados contables de la cuenta general”.
En el aspecto relativo al cumplimiento de legalidad, el objetivo general se basa en “emitir una opinión sobre el cumplimiento en términos de seguridad razonable, en todos los aspectos significativos, de la normativa que resulte de aplicación a la entidad fiscalizada en las áreas incluidas en el alcance material de la fiscalización”.
La actuación ha abarcado las áreas de estructura organizativa y entidades dependientes, el presupuesto general, la liquidación del presupuesto y la cuenta general, las modificaciones presupuestarias, el control interno, personal, los gastos e ingresos presupuestarios, las deudas con acreedores ordinarios, el endeudamiento financiero, las deudas con administraciones públicas, la tesorería, el remanente de tesorería y la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la sostenibilidad financiera.
En opinión de la Cámara de Cuentas, el estado de liquidación del presupuesto de gastos presenta en todos los aspectos significativos “la imagen fiel de la situación financiera de la entidad correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios contables y presupuestarios contenidos en el mismo”.
Excepto por “los incumplimientos y por los posibles efectos” de las cuestiones descritas en la sección ‘Fundamento de la opinión con salvedades’, las actividades, operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2019 resultan “conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos”.
“PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS”
En concreto, “los principales incumplimientos de legalidad” que fundamentan la opinión modificada se centran en la estructura organizativa, de modo que hay convenios que “no han sido objeto de adaptación a la nueva regulación que establece la ley”, como un convenio con la Diputación para la recaudación y gestión de los tributos de febrero de 1994 y otro con Eprinsa para el establecimiento de una oficina de atención al contribuyente de junio de 2000.
En el presupuesto general, liquidación del presupuesto y cuenta general, se recoge que el Consistorio ha desarrollado su actividad durante 2019 con el presupuesto prorrogado de 2018, la liquidación del presupuesto se ha aprobado por Decreto de Alcaldía de junio de 2020, cuando “debe aprobarse antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente”, según establece la ley.
Igualmente, señala que la última cuenta rendida por la Corporación es la del ejercicio 2014 y “no han sido objeto de aprobación los ejercicios de 2015 a 2019, tal y como requiere el artículo 212 del Trlrhl, ni se ha rendido a la CCA en los términos del artículo 11.1.b) de la LCCA”, a lo que añade que “la falta de rendición de la Cuenta General, incumplimiento que se produce en los ejercicios 2015 a 2019, constituye una infracción muy grave”.
En el control interno, se expone que “el Ayuntamiento no dispone de una política de seguridad de los sistemas informáticos, ni dispone de planes de contingencia ni de accesibilidad”. Por lo tanto, “carece de la declaración de aplicabilidad que permita evaluar y medir el alineamiento de ésta con las medidas de seguridad, así como también su eficacia”. En este sentido, se cita que “no se podría garantizar la confiabilidad en la protección de los activos y, por tanto, de la seguridad de la información almacenada en los mismos”.
Asimismo, apunta que el Ayuntamiento no cumple con el contenido regulado por los artículos 10 a 16 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía; “no ha realizado un adecuado control financiero”; “se ha verificado la falta de procedimientos adecuados para el archivo y custodia de documentos”; “no cuenta con una masa salarial aprobada para el personal laboral”.
También, añade que “no dispone en 2019 de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada y aprobada” y que “en la muestra de expedientes de gastos presupuestarios analizados se han detectado facturas de ejercicios anteriores que son reconocidas en el ejercicio siguiente en los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (REC)”, entre otros aspectos, como que “incumple lo estipulado en el artículo 187 del Trlrhl al no disponer de un plan de disposición de fondos aprobado para 2019, ni de un Plan de Tesorería, de acuerdo con lo regulado por el artículo 13.6 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
Además, se resalta que el 78,65% del total de los derechos pendientes de cobro corresponden a presupuestos cerrados, ascendiendo a un total de 4.491.866,57 euros. “El Ayuntamiento tiene derechos pendientes de cobro desde 1990 de capítulo 1 por un importe de 691.877,32 euros”, menciona la Cámara de Cuentas, que agrega que “un importe de 277.481,31 euros tiene su origen en subvenciones de los capítulos 4 y 7 de ingresos con una antigüedad de más de cinco años en la mayoría de los casos” y “el importe de los derechos pendientes de cobro con una antigüedad superior a cinco años (1990-2013) alcanza la cifra de 2.591.877,42 euros”.
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