CÓRDOBA, 22 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha declarado este jueves en el Pleno Ordinario que “no hay nada que ocultar” por parte del gobierno local ante el ‘caso Infraestructuras’, defendiendo las distintas medidas tomadas ante la investigación judicial por fraccionamiento de contratos y ha planteado crear una agencia de ordenación urbana, mientras que la oposición le ha afeado que “se ponga de perfil”.
En la comparecencia a petición del Grupo Socialista, el regidor ha afirmado que si hubiera algo que ocultar “no se habría actuado con la firmeza que se ha actuado, ni con la transparencia con la Fiscalía”, a la vez que ha mencionado que el caso ha supuesto la pérdida de un concejal que apoyaba al gobierno local, “todo ello por la firmeza con la que se ha actuado”.
En cualquier caso, ha defendido que han sido “innumerables” las veces en las que ha hablado sobre este asunto, admitiendo que “Infraestructuras no ha funcionado desde hace mucho tiempo, con situaciones y prácticas en materia de contratación que no son nuevas, al venir de mandatos anteriores, y no afectan a toda la Delegación, sino a un servicio muy concreto”.
En este sentido, Bellido ha insistido en que “se le buscan soluciones desde el carácter técnico que tienen todas las prácticas”, con “los principios de la transparencia, la honestidad, el compromiso y la lealtad”.
Tras ello, ha relatado que la primera denuncia partió del grupo de IU, pero “dio lugar a una investigación interna iniciada desde el equipo de gobierno y encargada a la asesoría jurídica municipal, que incrementó los datos, los hechos y las circunstancias a muchos más contratos que no eran sólo el de la avenida de Libia”. Y a ese informe se le dio traslado a la Fiscalía, ha defendido.
Sobre la segunda denuncia que partió de David Dorado, Bellido ha aclarado que “toda la documentación requerida se ha enviado a la Fiscalía” y “después de estar dos meses de verano aguantando acusaciones o insinuaciones de obstrucción”, el Ministerio Público ha archivado dichas acusaciones, argumentando que “se ha colaborado”, mientras que continúa la investigación de la denuncia.
Ante ello, ha sostenido que “este gobierno es el más examinado de la historia reciente”, con dos diligencias de investigación de la Fiscalía y “no hay ni un sólo concejal del gobierno que esté investigado”, ha aclarado.
En respuesta a la situación, ha explicado que “se ha tratado de mejorar” el área de Infraestructuras con “medidas que nunca van a poder garantizar que no se repitan las prácticas, porque si hay alguien que en algún caso quiera defraudar ya encontrará la forma de hacerlo, pero lo ponen mucho más difícil”.
Al hilo, ha propuesto poner en marcha una nueva agencia de ordenación urbana “que aúne los servicios de Urbanismo e Infraestructuras, que funcione mejor y evite estas situaciones”, al tiempo que ha enfatizado que “se ponen soluciones para que no se repitan las situaciones”.
CONTRATOS DE OTRAS ETAPAS
Entretanto, el delegado de Hacienda y Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), ha concretado que “ahora mismo el fiscal investiga 25 contratos del anterior mandato”, cuestionando la labor de PSOE e IU, y ha recriminado que “judicialicen la vida pública” y que “se acuse a gente sin poder demostrarse, diciendo que hay una trama de corrupción”.
Mientras, la portavoz de Cs y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha manifestado que, “según dicen los informes, aquí parece que ha habido malas prácticas en la Delegación de Infraestructuras y que IU y Podemos llevaron el caso al juzgado, pero también es cierto que David Dorado, recopilando una serie de información, llevó otro caso al juzgado”.
En este caso, ha dicho que respeta “las decisiones judiciales” y que “los cordobeses no se merecen este espectáculo, porque los dos casos está siendo tramitados por la justicia”. Y ha elogiado que “se ponen soluciones, con controles, para que este tipo de prácticas no se vuelvan a dar” y ha abundado en que “esto viene también de mandatos anteriores”, pero “PSOE e IU no llevaron a cabo medidas”.
LA OPOSICIÓN REPROCHA “LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN”
Desde la oposición, el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, ha recordado que en julio David Dorado le pidió la dimisión al alcalde y “lanzó graves acusaciones” contra él, de modo que cree que “este hecho fue la gota que colmó el vaso de un mandato fallido, marcado por la parálisis, la dejadez y las sospechas de corrupción”, por lo que su comparecencia en el Pleno era “obligada” ante “el descrédito”. A su juicio, “los cordobeses no se merecen que el alcalde se haya escondido durante meses para no dar explicaciones”.
Al respecto, ha añadido que “el ‘caso Infraestructuras’ lleva camino de convertirse en una triste metáfora de su gobierno y un penoso epílogo del mandato”, después de “no haber sido capaz de tomar medidas efectivas y eficaces” tras “los avisos” de los funcionarios, a la vez que ha advertido del “colapso” del área de Infraestructuras, “con actuaciones paralizadas por unos diez millones”, y ha señalado que “esta trama de presunta corrupción tiene su origen en 2012, cuando Bellido era edil de Gestión”.
Además, ha informado de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que lleva la causa inicial con dos investigados, ha ampliado la investigación seis meses más, hasta mayo de 2023, y “podría derivarse la posibilidad de ampliar el elenco de personas investigadas”.
Por su parte, el portavoz de IU, Pedro García, ha aseverado que “Bellido en estos tres años y medio se ha puesto de perfil en el 99,9% de las cuestiones que han pasado en el Ayuntamiento, que han sido muy graves”, a la vez que “no ha sido transparente”, y ha asegurado que “el alcalde tenía conocimiento absoluto de todo lo que pasaba en Infraestructuras y estuvo un año y medio sin hacer absolutamente nada, hasta que el fiscal dio la razón”. “Jamás hizo algo, siendo cómplice de todo lo que pasaba”, ha subrayado, para cuestionar “la contudencia” del primer edil.
La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha dicho que confía “en la honradez” de Bellido, pero le ha pedido que “deje de ponerse de perfil ante situaciones que requieren mano dura”, al tiempo que ha afirmado que “las advertencias sobre ilegalidad vienen de funcionarios y el alcalde lo ignora”, todo ello “desde 2019, con la Intervención avisando de fraccionamiento fraudulento y abuso de contratos menores”, a lo que ha añadido que “si en 2021 hay cinco millones en contratos menores, se puede pensar que alguien roba”. La edil ha pedido “medidas urgentes”.
La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha declarado que “no se ha conocido en la historia del Consistorio un gobierno con más escándalos”; ha precisado que la primera denuncia partió de IU y Podemos y que “la transparencia no ha estado presente al privar a la oposición de información”, a la vez que ha afirmado que “el alcalde ha defendido desde el primer momento a los implicados en esta trama” y ha preguntado por “quiénes más están implicados” ante “la posible participación de terceros”.
Y el edil no adscrito y exdelegado de Infraestructuras David Dorado ha comentado que “hay contratos con posible fraccionamiento” de otras delegaciones, “como Participación Ciudadana, con un coordinador del PP”, pero “se ha excluido de forma intencionada”, a lo que ha agregado que “a un técnico se le ha apartado, ¿pero al otro imputado?”, ha cuestionado, para apostillar que “parece ser que sigue trabajando de la misma manera”. Y ha preguntado si se va a personar en la causa el Ayuntamiento.
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