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Inmaculada Olivero resalta los beneficios de las deducciones recientes del IRPF del Gobierno de Andalucía

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CÁDIZ, 24 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha destacado los beneficios que las que las nuevas deducciones en el IRPF que el Gobierno andaluz ha aplicado de cara a la campaña de la renta 2022, han supuesto para los ciudadanos en la provincia.

Olivero ha recordado a los contribuyentes gaditanos, que todavía no han presentado su declaración, que pueden hacerlo hasta el próximo 30 de junio.

Olivero ha subrayado que “las bajadas de impuestos no constituyen un fin en sí mismo, sino que forman parte de la política económica del Gobierno andaluz, con la que se persigue dinamizar la economía, atraer nuevos contribuyentes, incrementar la actividad económica y el consumo, y de esta forma generar riqueza y crear empleo”.

La consejera de Economía, Carolina España, ya adelantó estas nuevas deducciones en víspera del inicio de la campaña, el pasado 11 de abril.

Olivero ha puesto en valor estas nuevas medidas, subrayando “la importancia de que los ciudadanos se acojan a estos beneficios fiscales a los que tienen derecho”.

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La delegada ha citado algunas de estas nuevas deducciones que los contribuyentes gaditanos pueden aplicarse en su declaración, muchas de las cuales dependen de que hagan constar determinadas circunstancias personales.

Olivero ha explicado que “muchas de las medidas de bajadas de impuestos acordadas por el Gobierno andaluz son de aplicación automática, como las propias tarifas del IRPF, la deflactación de los primeros tramos de tributación o el incremento de los mínimos personales y familiares exentos”.

La delegada ha matizado que “sin embargo, hay otras medidas, entre las que se encuentran la mayor parte de las deducciones, que requieren que los ciudadanos hagan constar sus circunstancias personales en el momento de realizar la declaración de la renta, para poder beneficiarse de ellas”. Inmaculada Olivero ha insistido en que “Las medidas fiscales sólo tienen efecto si se aplican correctamente.

Por eso desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se puso en marcha una campaña informativa en redes sociales, para que los ciudadanos recuerden que pueden acogerse a los beneficios fiscales a que tienen derecho, y que no se queden sin ellos por un olvido a la hora de hacer la declaración de la renta”.

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La delegada territorial de Economía ha resaltado que “Hay deducciones por alquiler o adquisición de vivienda, por nacimiento de hijo, por discapacidad* También las hay por contratación de ayuda doméstica, por residir en un municipio con riesgo de despoblación, por formación en idiomas o nuevas tecnologías, por aportaciones a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, por adquisición de participaciones empresariales*”.

Olivero se ha referido también a la deducción de 200 euros por cada hijo nacido, adoptado o en acogimiento familiar y de 600 euros en caso de una adopción internacional.

También ha dicho que la deducción por nacimiento se duplica en el caso de residentes en municipios con problemas de despoblación (menos de 3.000 habitantes).

Del mismo modo, ha recordado las deducciones de 200 euros para las familias numerosas (y 400 si es de categoría especial), y las de 100 euros para las familias monoparentales (y otros 100 euros por cada ascendiente mayor de 75 años que resida con el contribuyente).

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También ha señalado que hay deducciones por adquisición de vivienda (5% para menores de 35 años o de cualquier edad si se trata de una vivienda protegida) y por alquiler (15% para menores de 35 años, mayores de 65 años y víctimas de terrorismo o violencia doméstica).

Se ha referido igualmente a las deducciones por estudios de idiomas y/o informática (15% por cada hijo, hasta 150 euros), por discapacidad (150 euros o 100 euros si el cónyuge tiene una discapacidad del 65% o más, y 100 euros más por cada hijo o ascendiente con discapacidad que viva con el contribuyente), por contratación de ayuda doméstica o para asistencia de discapacitados (20% de los gastos de la Seguridad Social de los profesionales contratados, hasta un máximo de 500 euros), por gastos de defensa jurídica en procedimientos de despido o reclamación de cantidades (hasta 200 euros) o por donaciones para la defensa y conservación del medio ambiente (10%, hasta un máximo de 150 euros).


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