La nueva estrategia duplicará la financiación para fosas, identificación genética y reconocimiento de las víctimas, con 11 millones hasta 2022
El Consejo de Gobierno ha aprobado el I Plan Andaluz de Memoria Democrática (PAMD) 2018-2022, que establece las principales líneas estratégicas para seguir dando cumplimiento a la ley sobre esta materia aprobada por el Parlamento autonómico el pasado año. Al igual que esta norma, el documento tiene como principal objetivo garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
El plan, primero de este tipo que promueve una comunidad autónoma, cuenta con un presupuesto de casi 11 millones de euros para las políticas gestionadas directamente por la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática (más del 50%, dirigido a intervenciones en fosas comunes e identificación genética con un banco de ADN). Ello supondrá duplicar su actual dotación anual, sin contar con las partidas específicas que aportarán otras consejerías de la Junta.
La nueva estrategia, instrumento de referencia para las políticas autonómicas de Memoria Democrática en la comunidad, tiene tres objetivos fundamentales: impulsar la cooperación y coordinación entre las administraciones, las entidades memorialistas y la ciudadanía; articular las acciones para el reconocimiento institucional y la reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y contribuir a la mejora del conocimiento y difusión científica de los hechos y circunstancias, asegurando la preservación de los documentos y favoreciendo la investigación.
Para cumplir con estos fines, el documento recoge medidas de impulso a los trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; aprobación y conservación de los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía; investigación y recuperación de documentos y testimonios orales; adquisición y copia de material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, y suscripción de convenios; fomento y colaboración con las entidades memorialistas; cooperación entre administraciones; participación ciudadana, y desarrollo de proyectos e iniciativas de investigación y divulgación, entre otras.
La elaboración del I PAMD ha contado con el consenso y las aportaciones de más de un centenar de entidades memorialistas, las consejerías de la Junta, las universidades públicas andaluzas, las diputaciones provinciales, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria. El Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía también emitió informe favorable en su reunión del pasado 6 de noviembre, paso previo a la remisión al Consejo de Gobierno. De este modo, el documento ha abarcado los problemas y peticiones planteadas por entidades, víctimas, personal investigador, sistema educativo, instituciones y sociedad en general, conjugando la visión técnica con la demanda social.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía representó en 2017 el último hito de una larga trayectoria que ha colocado a la comunidad a la vanguardia de estas políticas en España desde hace casi dos décadas. El plan aprobado profundiza en esta línea y en los valores de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de la paz e igualdad de hombres y mujeres, propios de una sociedad democrática consolidada.
Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura.
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