ALMERÍA, 4 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de diez años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de una menor con una discapacidad intelectual a la que, en compañía de otras personas, llevó hasta una playa de un municipio del Levante almeriense donde le amenazó con que “le haría algo” en caso de no acceder a sus deseos.
El Alto Tribunal inadmite el recurso de casación impulsado por la defensa y ratifica la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que conforme al fallo original imponía además un alejamiento de 500 metros sobre la víctima durante 20 años, diez años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 20.000 euros por daños morales a la misma, entre otras penas accesorias.
La Sala apunta que el TSJA ha ratificado “de forma razonable y motivada” la existencia de suficiente prueba de cargo para tener por acreditados los hechos por los que el acusado fue condenado al reunir la declaración de la denunciante “todos los requisitos jurisprudencialmente exigibles” para ello, de modo que descarta que su versión fuera “conducida” o “influenciada” por la psicóloga que la trató, ya que además reveló los hechos a su madre al poco de sucederse y mantuvo la misma versión de lo ocurrido a lo largo de todo el proceso sin contradicciones.
En cualquier caso, apunta que el recurso no plantea argumentos distintos a los ya esgrimidos y resueltos en las anteriores instancias, por lo que el mismo carece de “relevancia casacional” máxime después de haber recibido una respuesta “lógica, motivada y razonable” acorde con la “reiterada jurisprudencia” de parte del TSJA.
En su caso, el TSJA afeó a la defensa la “gratuita imputación” que se realizaba sobre la psicóloga que atendió a la menor tras comprobar “lo incierto” de que condujera a la víctima; una gravedad que “se incrementa en tanto el escrito de recurso no duda en tildar a la perito en cuestión de presunta autora de un delito de calumnias”, según recogía su resolución judicial.
De igual modo, reprochaba al recurrente sus aseveraciones sobre que la sentencia de la Audiencia de Almería alteraba el testimonio de la amiga de la víctima mediante un “cambio arbitrario, negligente, ilícito y presuntamente delictivo” después de que asegurara que el acusado no había llevado a cabo los hechos únicamente porque el tribunal restara credibilidad a este testimonio.
En este sentido, respalda que la versión de esta otra menor no se tuviera en cuenta ya que, entre otros motivos, había sido condenada por un Juzgado de Menores precisamente por su “participación activa” en estos hechos, puesto que presionó a la víctima para que subiera al coche que la condujo hasta la playa donde se produjo el abuso sexual.
“Las destempladas imputaciones que pronuncia el escrito de recurso exceden de los límites propios del derecho de defensa y de la crítica de las actuaciones y de las resoluciones judiciales y, a la postre, reflejan la vacuidad de los argumentos articulados a su través”, afeó el TSJA a la defensa por su recurso, en el que se llegó a asegurar que la actuación del tribunal “convierte a la sentencia recurrida en un presunto delito de prevaricación”.
Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del 11 de mayo de 2017 cuando la víctima, de 15 años por esas fechas y una “deficiencia intelectual”, había quedado con una amiga, y esta a su vez con su novio y un primo de éste mayor de edad –a la postre, el procesado– para que les llevase en su vehículo hasta una playa.
Tras subir todos ellos en el coche, siendo la víctima presionada por su amiga para ello, llegaron todos a una playa donde la primera pareja se apartó del lugar, quedando el acusado a solas con la menor. Así, se aprovechó de su deficiencia intelectual para abusar sexualmente de ella bajo la amenaza de que le “haría algo” si no accedía a sus deseos.
La menor sufre un síndrome que supone una situación de especial vulnerabilidad por razones psíquicas, consistiendo en una discapacidad intelectual leve que le hace ser “muy manipulable por terceras personas” y tener “menor capacidad para entender el sentido de lo lícito e ilícito, exponer su voluntad, resolver problemas, así como presentando dificultad para desempeñar tareas complejas”, recoge el tribunal.
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